A partir del 1° de noviembre, el sistema de indemnizaciones por despido cambiará radicalmente con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que reemplaza el pago al momento de la desvinculación por aportes mensuales administrados en el mercado de capitales. La iniciativa, impulsada por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, promete reducir la incertidumbre empresarial y canalizar ahorro hacia inversiones de largo plazo, pero también habilita la formación de nuevos «sindicatos capitalistas» que administrarán fondos junto a brokers y empleadores.
El 1° de noviembre comenzará a funcionar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la llamada Ley de Modernización Laboral. La iniciativa modifica la forma en que las empresas financian las indemnizaciones por despido: reemplaza el pago al momento de la desvinculación por un sistema de aportes periódicos administrados a través del mercado de capitales. El objetivo oficial es reducir la incertidumbre que enfrentan los empleadores al contratar personal y tener una caja para derivarla hacia otros negocios e inversiones. Tras su aprobación en el Congreso, el régimen fue reglamentado en mayo y comenzará a regir en noviembre.
El FAL permite a los empleadores privados constituir un fondo individual destinado exclusivamente a afrontar futuras indemnizaciones laborales. Las contribuciones dejarán de ser un gasto corriente del sistema previsional y pasarán a integrar un patrimonio financiero administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones sujetas a contribuciones patronales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas integrarán un 2,5%. El nuevo sistema será voluntario para empleados y empleadores, y los recursos quedarán separados del patrimonio de la empresa, serán inembargables y sólo podrán utilizarse para cancelar obligaciones derivadas de despidos, preaviso e integración del mes de despido.
El Gobierno sostiene que el costo incierto de una futura indemnización es uno de los principales obstáculos para la contratación de trabajadores permanentes, y que con el nuevo esquema el pasivo laboral se financia gradualmente durante toda la relación laboral. Sin embargo, existe una contrapartida fiscal: la reglamentación establece que el aporte al FAL se compensará con una reducción equivalente de determinadas contribuciones patronales al sistema de seguridad social. El dinero que hasta ahora ingresaba a los organismos previsionales pasará a alimentar cuentas individuales destinadas a financiar indemnizaciones futuras. El Gobierno sostiene que el impacto será neutral porque la menor recaudación se compensará con mayor formalización del empleo y menor litigiosidad laboral, aunque economistas advierten que durante los primeros años la Anses podría enfrentar menores ingresos efectivos, y todo esto sucedería en un contexto de fuerte caída del consumo, alta morosidad y cierres de empresas. El panorama no parece alentador.
Para vender el FAL, desde el sistema financiero se especula con que el fondo podría manejar unos US$ 3.000 millones en poco tiempo y hasta US$ 5.000 millones en el mediano plazo. Los aportes mensuales de millones de trabajadores conformarán fondos de inversión de largo plazo administrados por sociedades gerentes autorizadas por la CNV, que podrán invertir en instrumentos de bajo riesgo, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, títulos públicos y otros activos permitidos. En la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que el nuevo régimen puede convertirse en una fuente estable de financiamiento para empresas y proyectos productivos, similar al papel que cumplen los fondos previsionales en mercados desarrollados.
El verdadero objetivo político asoma detrás de la iniciativa: la posibilidad de formar una nueva generación de «sindicatos capitalistas» que adhieran voluntariamente al régimen y se conviertan en inversores, eligiendo junto con empleadores y brokers dónde colocar el dinero destinado a los trabajadores eventualmente despedidos. El resultado dependerá de múltiples factores. En la visión política del oficialismo, puede modificar de raíz la relación entre el Gobierno, el mundo sindical y los trabajadores en relación de dependencia, ubicando el punto de contacto entre las partes donde el Ejecutivo mira sin pestañear: el dinero.
