Pablo Mattoni, los hermanos Julio y Maite Irastorza y Silvana Chappuis fueron citados para prestar declaración indagatoria. Se trata de un viejo proceso penal, iniciado en 2015, dos años antes de que la empresa quebrara.
El fiscal René Bosio citó a declaración indagatoria a tres expropietarios de la desaparecida empresa Lácteos Pozo del Molle SA, que quebró en 2017, en el marco de una vieja causa iniciada dos años antes por presuntos hechos de “estafa”, ya que se le atribuye a los acusados haber librado numerosos cheques sin fondo por cifras millonarias.
La medida procesal alcanza a los empresarios villamarienses Pablo Daniel Mattoni (74), Julio Eduardo Irastorza (51) y Maite del Pilar Irastorza (47), como así también a Silvana María Chappuis (52), exempleada de la firma, quienes deben comparecer en la sede de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3.
Cabe recordar que el declive económico de Lácteos Pozo del Molle comenzó a principios de 2015 y en mayo de 2017 la empresa quebró. La causa por el concurso siguió en la provincia de Buenos Aires (ya que la firma tenía domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma y en Avellaneda) y la penal en Villa María.
Sobre los hechos investigados por la Justicia local, Lucas David Romano, uno de los denunciantes y damnificado por las maniobras ilegales atribuidas a los imputados, acercó a la Redacción de elDiario una carta en la que explica algunos aspectos del proceso judicial.
Carta Abierta
Señor director:
Los conocidos empresarios villamarienses Pablo Mattoni, Julio Irastorza y Maite Irastorza, quienes fueran dueños de Lácteos Pozo del Molle SA, junto a Silvana Chappuis, en aquel momento empleada de la empresa, fueron citados a indagatoria por el fiscal Bosio, acusados del delito de “estafa”, por maniobras realizadas antes de que quebrara.
Esas maniobras, que perjudicaron a un gran número de proveedores, consistían en la entrega de cheques de pago diferido para cancelar servicios que prestaban los proveedores de la firma láctea, a sabiendas de que a la fecha de presentación no contarían con los fondos necesarios para cubrirlos. Incluso luego de que el banco les cerrara la cuenta, siguieron pagando con estos cheques, los cuales, al ser presentados al cobro, “rebotaban” por cuenta cerrada por el Banco Central de la República Argentina.
El llamado a indagatoria se efectúa por la denuncia de un particular, titular en aquel momento de una empresa de transporte de leche, que tuvo que cerrarla a raíz de la defraudación pergeñada por los acusados. Pero se conoce que han librado unos 3.000 cheques en estas condiciones, defraudando a un gran número de personas.
Lo que afianza su mala fe es que, en ningún momento, pese a contar con recursos económicos suficientes, intentaron honrar sus deudas. Por el contrario, se sirvieron del paraguas societario para evitar responder con sus propios bienes, cumpliendo con el funesto axioma de “empresas pobres con empresarios ricos”.
Llevaron a la empresa a la quiebra y utilizaron este escudo legal para no pagar a ninguno de sus proveedores.
Afortunadamente y pese a innumerables argucias legales desplegadas para lograr su impunidad, la Justicia local respondió con seriedad y estuvo a la altura de las circunstancias, sentando a los nombrados en el banquillo de los acusados.
Por supuesto que falta todavía camino por recorrer, pero este acto ya constituye una bocanada de aire fresco y renovado que nos devuelve la fe en las instituciones.
La Justicia tendrá entonces la última palabra.
Lucas Romano
DNI 25.820.484
Fuente: eldiariocba.com.ar
