Tras la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria, Metalfor la fabricante de maquinaria agrícola dio marcha atrás con los despidos. Los habían cesanteado en medio de un partido de la selección nacional.
La crisis que atraviesa el sector de la maquinaria agrícola sumó un capítulo de máxima tensión laboral. La empresa Metalfor, uno de los principales fabricantes de pulverizadoras y cosechadoras del país, debió dar marcha atrás con una ola de despidos tras la intervención del Gobierno nacional, aunque en el sector crece el temor por la sustentabilidad de los puestos de trabajo en el mediano plazo.
La empresa había decidido enviar 35 telegramas de despido mientras sus operarios miraban a la Argentina, día que los habían licenciado especialmente por esa razón y sin que lo hubieran siquiera pedido.
La medida de fuerza y posterior negociación se desencadenó luego de que la firma intentara efectivizar el cesanteo de decenas de operarios en sus plantas fabriles. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó una denuncia formal, logrando que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, fijando un período de paz social de 15 días hábiles que obliga a la compañía a reincorporar a los trabajadores despedidos y retrotraer las medidas impositivas.
Desde el entorno de la compañía de origen cordobés señalaron que la decisión de recortar personal responde a un escenario de marcada retracción del mercado interno. Las razones principales que argumenta el sector industrial son:
Parálisis de la demanda: A pesar de las perspectivas de cosecha, el productor agropecuario mantiene frenada la renovación de maquinaria pesada.

Costos de financiamiento: Las altas tasas de interés y la falta de líneas de crédito blandas a largo plazo dificultan la compra de equipos de gran porte.
Acumulación de stock: La baja en los pedidos obligó a recortar turnos de producción ante el exceso de unidades terminadas sin vender en los galpones.
Pese al freno temporal de los cesantías, los delegados de la UOM y la comunidad de Marcos Juárez manifestaron su preocupación por lo que pueda suceder una vez finalizado el plazo legal de la conciliación obligatoria.
El gremio advierte que, si el mercado nacional no da señales de recuperación en las próximas semanas, la firma podría insistir con planes de retiros voluntarios, suspensiones pagadas o directamente nuevos despidos, afectando la cadena de proveedores Pyme de la región.



