La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió elevar a juicio oral a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y a otras 26 personas por su presunta participación en la protesta sindical contra la pyme Lácteos Mayol, ocurrida en marzo de 2021 en la localidad de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.

Entre los principales acusados se encuentra Guillermo Arregui, titular de la seccional Cañuelas del gremio, quien está imputado junto al resto de los involucrados por los delitos de robo agravado, daño y amenazas coactivas durante la protesta.

La resolución judicial se produjo tras el análisis de dos recursos de apelación: uno presentado por la gerenta de la empresa, Paulina Mayol, quien cuestionó el sobreseimiento previo de la mayoría de los imputados, y otro impulsado por la defensa, que solicitaba la nulidad de la causa y su cierre definitivo.

Los jueces Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides resolvieron por mayoría revocar el sobreseimiento parcial y permitir que el expediente avance hacia la etapa de juicio oral para todos los acusados.

Según el tribunal, existen elementos de prueba suficientes para investigar los hechos denunciados y determinar en el debate oral la eventual responsabilidad individual de cada uno.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada por Dardo Juan Mayol, presidente de la empresa, quien afirmó que entre el 1 y el 6 de marzo de 2021 un grupo de al menos 28 personas vinculadas al sindicato de trabajadores de la industria láctea ATILRA «bloqueó el acceso a la planta» en el marco de una protesta para que registren a 13 empleados que tenían en forma irregular, y según detalló entonces el gremio, en condiciones de semi esclavitud.

De acuerdo con la denuncia y los testimonios que Lácteos Mayol incorporó al expediente, durante esos días se habrían producido amenazas y agresiones verbales, daños materiales en las instalaciones, sustracción de productos alimenticios como dulce de leche y quesos y de llaves de vehículos.

Desde la defensa de los acusados se argumentó que la causa carece de especificidad en las imputaciones y que podría tratarse de una criminalización de la protesta sindical.

El conflicto se originó cuando integrantes del sindicato reclamaron la correcta registración de 13 trabajadores y su incorporación al convenio gremial, salarios impagos y cargas sociales adeudadas. Desde la empresa decidieron omitir la legislación laboral y argumentar que no lo querían hacer porque el convenio resultaba difícil de aplicar en una pyme.

««La Familia Ingalls» pauperiza y maltrata a sus trabajadores, sin respetar ni cumplir elementales condiciones de higiene y seguridad (lo que repercute, claro, en los alimentos que elaboran y consume la población), manteniéndolos precarizados, fuera de convenio –esto lo ha reconocido públicamente-, en negro, sin abonarle horas extras, sin reconocerles el trabajo de sábados y domingos, sin entregar debidamente ropa de trabajo y elementos de protección, ni efectuar en consecuencia correctamente el depósito de aportes y contribuciones a la seguridad social para la cobertura de salud y jubilación de sus dependientes, evadiendo al Fisco y perjudicando a sus empleados.», detallaron desde Atilra en un comunicado el 9 de marzo de 2021.

A la victimización mediática de la familia empresaria, desde el gremio respondieron entonces que sólo se trataba de cumplir las leyes laborales y acudieron al Ministerio de Trabajo bonaerense donde la empresa negoció normalmente con el sindicato.