La medida de fuerza de los prácticos, desencadenada por el Decreto 690/2026 que desreguló el servicio, mantiene paralizados los principales puertos del país y ya afecta a más de 150 buques. El Gobierno intimó a los profesionales a retomar la actividad, pero Trabajo no puede dictar conciliación obligatoria porque se trata de trabajadores independientes sin relación de dependencia y sin un gremio que pueda ordenar el debate.

La desregulación del practicaje y pilotaje, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger mediante el Decreto 690/2026, provocó una reacción inmediata de los profesionales del sector que dejaron de aceptar nuevos servicios en los principales puertos del país. La medida afecta a las terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos clave para la distribución de combustibles y la agroexportación. Según fuentes del sector, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos, y la Cámara Argentina de Energía (CADE) ya advirtió sobre posibles problemas de abastecimiento.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno aplicará sanciones a los trabajadores portuarios, aunque sin precisar detalles. «No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir», afirmó en su conferencia de prensa. El funcionario sostuvo que la desregulación busca «bajar el costo» mediante la apertura a nuevos prestadores con precios más competitivos, y calificó el practicaje como un «servicio esencial» que los profesionales tienen la obligación de mantener.

Sin embargo, el Ejecutivo se enfrenta a una limitación estructural: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia, y no existe un gremio que los represente formalmente, lo que impide al Ministerio de Trabajo dictar una conciliación obligatoria. Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los 536 profesionales habilitados para que retomen la actividad de forma inmediata, bajo apercibimiento de sumarios administrativos y denuncias penales, aunque no está claro cuál sería el delito.

La norma que desató el conflicto derogó la reglamentación vigente desde 1991, eliminó las restricciones de ingreso a la actividad, abrió un registro público de profesionales y habilitó a los usuarios a seleccionar libremente a sus prestadores. Los prácticos, que tienen a su cargo la asistencia a capitanes en maniobras de ingreso y egreso de buques en ríos y puertos, exigen la suspensión del decreto para retomar la actividad. Mientras tanto, el comercio exterior argentino, que mueve el 90% de las exportaciones a través de los puertos, acumula pérdidas millonarias y el Gobierno, desbordado por la situación, evalúa la aplicación de sanciones que podrían profundizar el conflicto en lugar de resolverlo.