El crédito fiscal para familias fuertes es una política tributaria diseñada para canalizar recursos privados hacia programas sociales orientados al fortalecimiento del hogar. A través de la ley SB 2018 firmada por Greg Abbott, las entidades comerciales sujetas al impuesto de franquicia en Texas podrán acceder a un beneficio fiscal si realizan donaciones a organizaciones certificadas.
El mecanismo es de carácter voluntario y se activa únicamente cuando una empresa decide realizar una contribución monetaria designada a una organización sin fines de lucro que haya sido previamente certificada como elegible. La ley exige que la donación sea identificada expresamente como destinada a este programa en el momento en que se efectúa.
El monto máximo que una empresa puede reclamar está limitado a la cantidad que haya donado en el año fiscal correspondiente, con un tope de hasta un millón de dólares por entidad.
Además del límite individual, la ley establece un tope global para el estado. El total de créditos que Texas puede otorgar anualmente bajo este programa no podrá superar los cinco millones de dólares. Una vez alcanzado ese monto, no se concederán beneficios tributarios adicionales hasta el siguiente año fiscal.
La asignación se realiza bajo el criterio de orden de llegada. Esto significa que las solicitudes se aprueban conforme se presentan, siempre que exista disponibilidad dentro del límite estatal. Este esquema requiere que las empresas interesadas gestionen sus donaciones y solicitudes con antelación para asegurar su elegibilidad.
En los casos en que el crédito obtenido exceda la responsabilidad tributaria de la empresa en un año determinado, la legislación permite trasladar el saldo no utilizado. Este arrastre puede aplicarse hasta en cinco informes fiscales consecutivos, lo que amplía el horizonte temporal para aprovechar el beneficio.
Las organizaciones que deseen recibir contribuciones que generen el crédito fiscal para familias fuertes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la ley firmada por el gobernador. Entre los requisitos básicos, la organización debe:
La ley también impone restricciones sobre el origen de los fondos de estas organizaciones. No pueden haber recibido más del 50% de sus ingresos anuales totales de fondos estatales o locales durante el año fiscal anterior. Este criterio busca asegurar una participación significativa de financiamiento privado.
Otro punto relevante es la prohibición expresa de prestar servicios de aborto o de proporcionar información relacionada con ellos, ya sea de forma directa o indirecta. El cumplimiento de esta condición es indispensable para mantener la certificación dentro del programa.
El término “familias fuertes” no funciona como una definición abstracta dentro de la ley, sino que se construye a partir de los servicios concretos que deben ofrecer las organizaciones receptoras de las donaciones. La legislación se centra principalmente en dos áreas de intervención:
La ley también establece estándares de seguridad. Todo el personal que trabaje directamente con menores debe someterse a verificaciones de antecedentes penales a nivel local, estatal y nacional, así como también a la consulta del registro nacional de delincuentes sexuales.
Para incorporarse al programa, las organizaciones deben presentar una solicitud formal ante la OneStar Foundation, entidad encargada de certificar a las organizaciones beneficiarias. Este proceso incluye la verificación de requisitos legales, financieros y operativos. La fundación tiene la facultad de cobrar una tarifa destinada a cubrir los costos administrativos.
Una vez certificadas, asumen obligaciones adicionales. Entre ellas se encuentra la correcta administración de las contribuciones recibidas, que deben destinarse exclusivamente a servicios prestados a residentes de Texas.
La SB 2018 establece que el subcapítulo que regula el beneficio expirará el 1° de enero de 2029. A partir de esa fecha, no podrán realizarse nuevas contribuciones que generen créditos bajo este esquema.
