Una fuerte tensión laboral sacude la planta de Renault ubicada en el barrio Santa Isabel, Córdoba, tras la salida de unos 300 trabajadores en el marco de lo que la empresa califica como “acuerdos de parte” o “retiros voluntarios”. Sin embargo, los afectados y representantes gremiales denuncian que se trata de despidos encubiertos y que existió presión para aceptar las desvinculaciones sin que figuren oficialmente como tales.
Según relatan empleados despedidos, desde el jueves pasado comenzaron a ser convocados por la administración, donde se les ofrecía elegir entre un despido directo o un supuesto “acuerdo económico” para evitar su registro como tal. “Nos obligaron a firmar; no era una opción real. Querían limpiar personal con antigüedad y reemplazarnos por contratados más baratos”, denunció uno de los trabajadores cesanteados.
Por su parte, Renault Argentina admitió el número de 300 salidas, aunque sostuvo que todas se concretaron “con acuerdo de las partes”, y que la medida responde al reordenamiento productivo tras el final de la fabricación de la Nissan Frontier, modelo que compartía línea con la Renault Alaskan. La compañía señaló que busca concentrar su producción en segmentos específicos y que proyecta, hacia 2026, centrarse en un utilitario pequeño fabricado en la planta cordobesa.
Los empleados, en cambio, sostienen que los recortes afectaron a distintas áreas no necesariamente vinculadas a los modelos que se discontinuarán. Denuncian que la empresa estaría realizando una “depuración selectiva” para sustituir trabajadores de planta por contratados. “Con el sueldo de uno de nosotros pueden pagar tres contratados. Están bajando el costo humano”, explicaron.
Además, los despedidos apuntan contra el gremio por presunta complicidad en la elaboración de las listas de desvinculados. “Seleccionan a quienes denunciaron irregularidades o participaron en reclamos sindicales”, afirmaron, sugiriendo que la medida se basó en un supuesto análisis de “riesgo de conflictividad”.
En paralelo, los trabajadores recordaron que ya existe una acción de amparo presentada ante la Justicia laboral en defensa de los puestos de trabajo de planta, aunque Renault desconoce su validez. También pidieron que se establezcan criterios que prioricen la continuidad del personal permanente frente a la contratación de nuevos empleados bajo condiciones precarias. La situación mantiene en alerta al sector automotriz cordobés, tradicional motor de la economía provincial.
