El aserradero Linor, de la localidad misionera Azara, cerró sus puertas en mayo y dejó alrededor de 130 familias sin empleo. La Justicia decretó la quiebra de la empresa esta semana y dispuso la incautación de bienes y el bloqueo de cuentas. El sindicato de la industria de la madera SOIMP denunció que la firma adeuda tres quincenas, vacaciones e indemnizaciones que, en algunos casos, podrían alcanzar los 15 millones de pesos.

La declaración de quiebra de Linor SRL, conocida este viernes a través del Boletín Oficial de Misiones, abrió una nueva etapa judicial para el aserradero de Azara, que cerró sus puertas en mayo y dejó a alrededor de 130 trabajadores sin empleo. La empresa, que operaba desde hacía más de dos décadas en la localidad, se convirtió en uno de los principales polos laborales de la zona y su caída golpeó de lleno a la economía regional. La Justicia dispuso la incautación de los bienes de la firma, el bloqueo de sus cuentas y la elaboración de un informe individualizado sobre las deudas laborales, medidas que buscan determinar el patrimonio disponible para afrontar las acreencias de los exempleados.

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), Agustín Báez, detalló la magnitud de la deuda que la empresa mantiene con su personal. «La empresa adeuda tres quincenas, vacaciones e indemnizaciones que, en algunos casos, podrían alcanzar los 15 millones de pesos», aseguró el dirigente en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. Báez explicó que el gremio intimó al pago del 100% de las indemnizaciones y que existe una medida cautelar para evitar el retiro de bienes del aserradero, aunque reconoció que todavía no hay una perspectiva concreta sobre cuándo podrían cobrar los trabajadores.

El impacto del cierre continúa presente incluso dentro de la organización sindical. «Parece que nunca terminamos de caer en la cuenta de que esa empresa cerró y que los trabajadores se quedaron sin empleo», reflexionó Báez, y contó que el gremio mantiene el acompañamiento de los afectados tanto en sus necesidades básicas como en el seguimiento del expediente judicial. En ese contexto, los exempleados organizaron un comedor comunitario en Azara para atender a quienes permanecen desocupados. El sindicato colaboró con la compra de una olla y continúa aportando mercadería para que puedan preparar las comidas diarias, además de los módulos alimentarios que entrega de manera periódica y las gestiones relacionadas con problemas de salud.

La situación cotidiana de los exempleados es crítica. Algunos debieron trasladarse a otras provincias o cruzar la frontera hacia Brasil para conseguir trabajo, mientras que otros permanecen en Azara y sobreviven con el fondo de desempleo y la asistencia alimentaria del sindicato. La incertidumbre es especialmente profunda entre quienes tienen más de 40 o 45 años, que encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente y todavía están lejos de la edad jubilatoria. Antes del cierre definitivo, la empresa había negociado con el personal una reducción salarial del 20% para sostener una plantilla mínima, una medida que finalmente no alcanzó para evitar el colapso de la firma.

La quiebra fue decretada el 15 de septiembre por la jueza Adriana Beatriz Fiori, del Juzgado Civil y Comercial N°8 de Posadas, y la resolución se conoció esta semana a través del Boletín Oficial. La empresa atravesaba una crisis desde 2024, agravada por una millonaria deuda fiscal, salarios impagos y la contracción del consumo, factores que volvieron insostenible su situación financiera. El sindicato maderero apuntó contra los dueños de Linor por «mala administración» y denunció que la firma intentó retirar maquinaria del predio mientras los empleados estaban de vacaciones. Mientras la Justicia avanza con la incautación de bienes y la determinación de las acreencias, los 130 trabajadores de Azara siguen esperando una respuesta que les permita cobrar lo que les corresponde y reconstruir sus vidas lejos de la fábrica que durante años fue su sustento.