Maximiliano Cabaleyro, líder de la seccional San Nicolás del gremio de Camioneros. En la causa, impulsada por el Movimiento Antibloqueos, lo acusan de turbación, coacción, extorsión y amenazas. La defensa solicitó la absolución y la representación de los empresarios, 15 años.

El sindicalista de camioneros Maximiliano Cabaleyro, principal referente en San Nicolás del gremio de Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano, puede ser condenado a diez años de prisión por una protesta sindical en las puertas de la empresa Rey, una distribuidora de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

El miércoles próximo, se conocerá el veredicto en un juicio que comenzó hace dos semanas y en el que la fiscalía solicitó esa pena por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021.

En la jornada de alegatos en el juicio contra Cabaleyro, que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales del juicio son María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes solicitaron la pena de diez años de cárcel para el jefe sindical, que está detenido desde 2022 (actualmente, goza del beneficio de prisión domiciliaria). Además, exigieron que se le revoque el arresto domiciliario y que sea inhibido para ejercer cargos públicos. Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente para la Victoria.

Según consignó el diario local El Norte, las fiscales consideraron probado que el acusado ejerció intimidación y amenazas sobre los empresarios Ariel y Gustavo Rey para recibir pagos porque, de lo contrario, no les permitiría trabajar. Sostuvieron también que se comprobaron los bloqueos utilizados como extorsión y rechazaron que esas medidas hayan sido parte del ejercicio del derecho a huelga.

Rey Distribución SRL sufrió dos «bloqueos sindicales» en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. Los dueños de la firma hicieron la denuncia por esas dos medidas y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017. En abril de 2022. Cabaleyro fue detenido junto con Fernando Espíndola, integrante del sindicato, que no es juzgado junto al jefe gremial local porque acordó un juicio abreviado con una pena de hasta seis años de prisión.

Los empresarios tuvieron el patrocinio del Movimiento Empresarial Antibloqueos con el fronting de la senadora bonaerense Florencia Arietto, ahora integrante de La Libertad Avanza.

Al presentar su alegato, el abogado de Cabaleyro, Mauricio Gugger, afirmó que la causa “no es más que un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey”. Afirmó que no se pudieron determinar “modo, tiempo y lugar de las amenazas”, y subrayó que hubo testigos que “incurrieron en graves contradicciones”. Para Gugger, la acusación “fue una criminalización de la protesta por parte de la fiscalía”.

El abogado de Cabaleyro indicó, además, que “la única forma de protestar” para los sindicalistas “era estar en la puerta” de la empresa. Argumentó, también, que su defendido no impidió a los dueños de la firma “ingresar, egresar o comerciar en su empresa”. Y remarcó que durante el proceso se mencionó un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro».

La abogada Analía González, también parte de la defensa de Cabaleyro, reforzó la postura de Gugger, al referirse a un “audio de una hora y media” que se reprodujo durante el juicio. “En ningún momento se escuchó a Cabaleyro pedir dinero para solucionar la cuestión. Él quería el restablecimiento de [Edgardo] Di Mayo [un empleado que había sido despedido] en su puesto de trabajo y que reconozcan [el pago remunerativo] de horas nocturnas”, aseveró González.

Junto a Cabaleyro, son juzgados seis exempleados de Rey Distribución SRL, por el delito de turbación de la propiedad. La fiscalía pidió para ellos condenas de ejecución condicional. Los empleados llegaron al juicio en libertad; Cabaleyro y Espíndola están en prisión domiciliaria desde hace tres años, luego de un año y medio en la cárcel.