Organizaciones denuncian incumplimiento de leyes de la Ciudad de Buenos Aires y piden una medida precautelar urgente antes de la apertura de sobres prevista para el 12 de mayo. En la Legislatura solicitan informes sobre la situación laboral de los trabajadores.
En medio del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno de Jorge Macri para conceder la operación de las dos radios y el Canal de la Ciudad, un grupo de organizaciones presentó un amparo ante la Justicia porteña con el objetivo de frenar la iniciativa. La acción judicial, impulsada por el abogado Jonathan Baldivieso, titular de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto al Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), busca que se declare «la nulidad absoluta e inconstitucionalidad» de la resolución del GCBA que habilitó el llamado a licitación, así como de los pliegos licitatorios.
Mediante la resolución 7/26 publicada en marzo en el Boletín Oficial, el Gobierno porteño puso en marcha el proceso para la concesión del gerenciamiento «con carácter oneroso» de la AM 1110 (Radio de la Ciudad), la FM 92.7 (La 2×4) y el Canal de la Ciudad por un plazo de cinco años, a cambio de un canon total estimado en $718.965.000. La apertura de los sobres, inicialmente prevista para el 20 de abril, fue postergada para el 12 de mayo con el fin de permitir el ingreso de más oferentes. Ante la inminencia de esa fecha, el amparo solicita al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°16 que disponga «con carácter urgente una medida precautelar» que suspenda los efectos de la resolución oficial y de todo acto administrativo derivado del procedimiento de concesión.
En el extenso escrito, el abogado Baldivieso sostiene que el proceso licitatorio incumple con normativas constitucionales locales, en particular con el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho artículo no solo reconoce el derecho a la comunicación, sino que establece que los servicios estatales de comunicación «deben ser dirigidos por un ente autárquico que garantice la participación social y la pluralidad». La presentación denuncia que, a 30 años de la sanción de la Constitución porteña, la creación de ese ente «ha sido sistemáticamente ignorada por los sucesivos gobiernos» y por la Legislatura, lo que mantiene a los medios en una situación de precariedad administrativa como dependencias directas de la Secretaría de Medios del Ejecutivo. «Esta omisión ha permitido una discrecionalidad técnica y política que hoy culmina en el intento de privatización encubierta que motiva esta demanda», señalan.
Desde el Gobierno porteño, en tanto, defienden la concesión argumentando que permitirá reducir el gasto público y mejorar la programación, y remarcan que los medios seguirán siendo propiedad del Estado. Jorge Macri sostuvo que «no tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos». Sin embargo, Baldivieso calificó la iniciativa como «privatizadora» y la vinculó a «múltiples urgencias electorales» del alcalde, entre ellas un alineamiento con el discurso de Javier Milei para atraer a sus votantes. El abogado también cuestionó que el proceso incumple con la Ley 123 de la Ciudad y con los artículos 30 y 67 de la Constitución porteña, que exigen audiencia pública para iniciativas con efecto relevante sobre el patrimonio cultural o que modifiquen bienes públicos.
En la Legislatura porteña, la propuesta generó varias presentaciones. La peronista Graciana Peñafort impulsó un proyecto para crear el Sistema Público de Medios de la Ciudad (SPMC) administrado por un ente autárquico, mientras que la trabajadora de Radio de la Ciudad Liliana Galguera presentó otra iniciativa con el mismo objetivo. Además, la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) solicitó informes al Ejecutivo sobre el futuro de los aproximadamente 500 empleados que trabajan en los tres medios, dado que el pliego no obliga al concesionario a mantener la planta actual y establece que el personal «carecerá de relación alguna con el GCABA». Con la apertura de sobres programada para el 12 de mayo y el amparo ya en tribunales, el futuro de los medios públicos porteños comenzó a definirse en la Justicia.
