Las organizaciones se movilizarán mañana, martes 6 de octubre, a las 16, contra el fallo de la Corte que deroga la Ley de Tierras. Entre ellas se encuentran las dos CTA, el CECIM La Plata y los organismos de Derechos Humanos. Repudiarán el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el capítulo del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, remarcó sobre la gravedad del fallo que, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, “se ha invalidado el derecho de los excombatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto para que, como sucedió en las instancias previas, fuera declarado inconstitucional por la Justicia. Parece ser que los excombatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra”.
En función de esta situación, Godoy informó: “Este conjunto de organizaciones estamos convocando para el día de mañana a una movilización a las puertas de la sede de Tribunales, allí donde anida esta cueva de la injusticia que está convalidando semejantes escenarios de entrega, donde anidan los tres supremos”, y agregó: “No solamente vamos a repudiar sus decisiones, sino también y fundamentalmente para seguir exigiendo tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de la Cámara de Diputados que se declare inconstitucional este decreto 70/23”.
Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores, ratificó la convocatoria e informó que también se movilizarán el 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados sesione para dar de baja el DNU completo: “Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de la emergencia para la continuidad de la ley de discapacidad. El otro punto tiene que ver con el endeudamiento y la morosidad de las familias. Ese día también vamos a intentar aprobar una ley para establecer un programa que facilite el desendeudamiento”.
“Y el tercer punto es la derogación del DNU 70/23, que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras, pero también tantos otros que golpean a la comunidad. Es, digamos, un objetivo muy ambicioso, pero a la vez impostergable”, dijo Yasky.
Hugo Robert, vicepresidente de CECIM La Plata, afirmó: “Sería fantástico que alguna vez podamos reunirnos para celebrar un fallo de la Corte a favor del pueblo. Porque la Corte dice que la soberanía territorial no es un bien colectivo y que el CECIM La Plata no tiene legitimidad, justamente, para estas cuestiones vinculadas a la soberanía. Un fallo al menos raro. Es raro que ahora, 44 años después de la guerra, donde muchos compañeros dejaron lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida, nos digan que no tenemos acceso a la justicia para defender lo que fuimos a defender con 18, 19, 20 años. En el 82, en todo caso, no nos dijeron que no teníamos la obligación de ir a defender la soberanía, porque ahora pareciera que no podemos, no nos dan la legitimidad”.
A su turno, la presidenta de la APDH, Mariela Pérez Cisneros, advirtió: “Esta resolución es preocupante porque entre la resolución judicial y el día que efectivamente los legisladores le den tratamiento y se logren los consensos necesarios para rechazar este decreto 70 de 2023, se genera una ventana de tiempo en el que se pueden llegar a convalidar las contrataciones que tengan que ver con la extranjerización de la tierra, una extranjerización que va a tener un gran perjuicio respecto de nuestra Patagonia”.
En representación de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que encabeza Madres Línea Fundadora, Eduardo Tavani dijo: “Estamos acá sosteniendo esta lucha. Nos sentimos absolutamente representados en las expresiones del compañero representante del CECIM. Ahí se dijo todo. Vivimos en una democracia ficcional, en la que se gobierna por decreto cuando no se reúnen los números necesarios en el Congreso. Y si no, se acude a este triunvirato que ocupa el cuarto piso del Palacio de la Injusticia, que expresa la máxima manifestación de hipocresía del sistema propio de justicia al que dicen representar”.
