Hugo «Cachorro» Godoy y Hugo Yasky encabezaron un comunicado conjunto como dirigentes de las CTA en el que rechazaron la oferta empresarial del 1,8% y acusaron al Gobierno de vaciar el ámbito de diálogo tripartito. Las centrales reclamaron un piso de $993.300 para diciembre y la reincorporación del programa Volver al Trabajo, que dejó a 956.000 trabajadores sin ingresos, fundamentalmente mujeres.

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores emitieron un duro comunicado conjunto en el que calificaron la propuesta empresarial para el Salario Mínimo, Vital y Móvil como «una verdadera vergüenza» y acusaron al Gobierno de Javier Milei de ser «socio del ajuste» al avalar aumentos que «apenas alcanzan para un kilo de pan». Ambas centrales, junto con la CGT, decidieron no participar de la reunión plenaria del Consejo del Salario realizada este viernes, tras rechazar de plano la oferta de las cámaras empresarias que contemplaba un incremento del 1,8% sobre el valor actual de $376.000, apenas $6.000, y aumentos del 1,7% mensual hasta abril de 2027.

El comunicado, firmado por Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), denunció que la decisión del Gobierno de mantener las reuniones de manera virtual responde a una «estrategia de vaciamiento» del Consejo del Salario, a pesar del reclamo unificado de las tres centrales sindicales para que el debate sea presencial. «La escasa relevancia que impone el gobierno nacional en esta instancia queda expresada en la ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo en la convocatoria», señalaron los dirigentes, en referencia a la figura de Julio Cordero, quien no participó del encuentro.

Las centrales sindicales plantearon una cifra muy alejada de la oferta empresarial: exigieron que el salario mínimo alcance los $911.202 en septiembre y llegue a $993.300 en diciembre de este año, teniendo en cuenta las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El pedido se fundamenta en que el SMVM actual se encuentra «prácticamente en la mitad de lo necesario para cubrir la canasta de indigencia», que según el INDEC se ubica en $708.016 para una familia tipo.

«La actitud displicente del Gobierno estuvo acompañada por la complicidad del sector empresarial —la UIA, CAME, AEA y otras representaciones empresariales—, que planteó aumentar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil apenas un 1,8% sobre el valor actual de $376.000», criticaron Godoy y Yasky en el comunicado. La propuesta empresaria, según denunciaron, implica «continuar deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores» y consolida un ingreso que no permite vivir dignamente.

El comunicado conjunto también incluyó un pedido explícito al Gobierno para que restablezca y actualice el programa Volver al Trabajo, surgido de la ley de creación del Salario Social Complementario y posteriormente derogado por la administración libertaria. Según las centrales, esta decisión perjudicó a 956.000 trabajadores y trabajadoras, «fundamentalmente mujeres», que desarrollan tareas en comedores, merenderos y otras actividades de carácter social.

Además, las CTA recordaron que este año denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la falta de un diálogo social efectivo en la Argentina, y que el organismo instó al Gobierno a adoptar medidas para garantizar una instancia genuina de concertación entre las partes. «Ante esta actitud empresarial y gubernamental, las tres centrales sindicales decidimos no participar de la reunión plenaria, en la que se pretendía reiterar esta política de vaciamiento», concluyeron los dirigentes.

Con el fracaso de la negociación, el Poder Ejecutivo deberá definir por decreto el nuevo monto del salario mínimo, tal como ocurrió en noviembre de 2025 cuando tampoco se alcanzó un acuerdo.