El Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de dos expresidentes del Consejo de Administración de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas. Los acusa del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, previsto en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). Retenían los aportes y no los depositaban.

El pedido del Ministerio Público Fiscal alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes ejercieron la presidencia de la cooperativa en distintos períodos. La solicitud fue elevada al Juzgado Federal de Rafaela en el marco del expediente «Sancor Cooperativas Unidas Limitadas s/ Infracción Ley 27.430».

Según consta en la causa, ambos fueron citados a declaración indagatoria el 12 de noviembre de 2025. En esa instancia, optaron por abstenerse de declarar, sin desconocer los hechos imputados.

De acuerdo con la acusación fiscal, difundida por los propios trabajadores de SanCor, los imputados, en su carácter de máximas autoridades de la cooperativa y agentes de retención, no ingresaron dentro del plazo legal los aportes al Sistema de Seguridad Social que habían sido retenidos a los trabajadores. Esa acusación hace años la sostiene ATILRA, el gremio que representa a los empleados lecheros.

Para la fiscalía, esa conducta configura el delito de apropiación indebida de recursos previsionales, ya que los fondos fueron descontados a los empleados pero no transferidos al Estado dentro de los plazos previstos por la ley.

En el caso de José Pablo Gastaldi, quien presidió el Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022, la fiscalía le imputa siete hechos de apropiación indebida de aportes previsionales, correspondientes a febrero, marzo, abril y septiembre de 2020, y a agosto, septiembre y octubre de 2021, por un monto total de $128.741.679, siempre por aportes al Sistema de Seguridad Social que fueron retenidos a los trabajadores pero no ingresados.

Todos los casos corresponden a aportes previsionales que no fueron ingresados dentro del plazo de 30 días que fija la normativa, superando el monto mínimo establecido por la ley para que exista delito penal.

Por su parte, Alberto Eduardo Sánchez, que ejerció la presidencia con posterioridad, fue imputado por 16 hechos ocurridos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, también vinculados al no ingreso de aportes a la seguridad social.

El Ministerio Público Fiscal consideró que en esta etapa del proceso están acreditados tanto los hechos como la participación penal de ambos imputados. Por ese motivo, solicitó que se los procese como autores del delito, en los términos de los artículos 45 y 55 del Código Penal.