La Justicia de Santa Fe anunció ayer por la mañana la quiebra de la cooperativa láctea SanCor luego de que la propia firma, la semana pasada, solicitara esa medida tras reconocer serias dificultades para resolver su situación en el marco del concurso de acreedores. La medida de la quiebra fue dictada por el juez del caso, Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela.

La cooperativa, que enfrenta una deuda de unos US$120 millones, admitió en su presentación que no estaba en condiciones de afrontar su deuda ni de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores, lo que terminó de sellar el fracaso del proceso de concurso preventivo iniciado en 2025.

Medios de comunicación se contactaron con autoridades de la láctea para tener una opinión tras conocerse la quiebra, pero declinaron hacer declaraciones.

El fallo judicial explicó que ese reconocimiento de la cooperativa implica directamente el fracaso del proceso preventivo y habilita la declaración de quiebra. En ese sentido señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

A lo largo de su resolución, el juez describió un deterioro sostenido que se profundizó incluso durante el propio concurso. La empresa no solo no logró ordenar su situación, sino que siguió generando deuda en forma constante. Según el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a $3000 millones por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos.

En ese marco remarcó que la situación no es transitoria. “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”, dijo.

En rigor, al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de $12.788 millones en salarios adeudados, más de $6349 millones de deuda impositiva y previsional, y más de $13.313 millones de deuda comercial, entre otros rubros. A eso se sumó el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Lo que viene
Pese a la quiebra, el juez dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria. La continuidad se va a limitar a las plantas que hoy están en funcionamiento, sobre todo aquellas que trabajan bajo contratos de fasón u otros esquemas similares, siempre que no impliquen generar más deuda. El objetivo es sostener la actividad en lo posible mientras avanza el proceso judicial.

Vale recordar que, en su momento, el gremio Atilra había solicitado la quiebra con la continuidad de la explotación para mantener el trabajo de los empleados.

Según se explicó en la resolución judicial, mantener la operación tiene sentido por el impacto que tendría un corte total. Allí se señala que la interrupción “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

En paralelo, el fallo planteó que la salida va a ser la venta de la empresa o de sus partes. Para eso se analizará la enajenación de las unidades productivas, ya sea juntas o por separado, mediante un proceso de licitación. “La venta de las unidades productivas que componen la empresa fallida, y sus restantes activos, por separado o en conjunto/s”, detalló.

Según fuentes al tanto del proceso, ya hay interesados en comprar activos de la empresa e invertir para poner en marcha las plantas. Señalaron que, si la Justicia avanza rápido, hay chances de reactivar las unidades productivas, algo que consideran clave en este momento.

En ese sentido, remarcaron que el tiempo es importante. Explicaron que en septiembre próximo empezará el pico de producción en los tambos y que para ese momento va a hacer falta contar con plantas en funcionamiento para procesar la leche, sobre todo en Santa Fe y Córdoba.

En otro tramo de la resolución, el juez también dejó asentado que la propia conducta de la empresa dentro del concurso terminó de confirmar el escenario de quiebra. Allí se indicó que “el propio reconocimiento de la imposibilidad de formular acuerdo preventivo importa la exteriorización de la cesación de pagos”.

A partir de ese punto remarcó que el proceso preventivo perdió su razón de ser. Según se explicó, “la finalidad del concurso preventivo ha quedado frustrada”, ya que no se logró encauzar una propuesta viable para los acreedores.

El juez también hizo referencia a la evolución del pasivo durante el proceso. En ese sentido señaló que la situación fue empeorando con el correr de los meses, con un crecimiento sostenido de las deudas y sin señales de recuperación operativa.

Sobre la continuidad de la explotación, la resolución fijó un criterio claro respecto de cómo debe encararse esta etapa. Allí se estableció que deberá hacerse “en la medida de lo posible y siempre que no implique la generación de nuevos pasivos”.

En ese mismo apartado advirtió sobre el impacto que tendría una paralización total. Por eso volvió a poner el foco en la necesidad de sostener la actividad en lo que sea viable, mientras se organiza la etapa de liquidación.

En relación con la venta de los activos, el juez planteó que el objetivo es encontrar la mejor alternativa para preservar valor. Se buscará “maximizar el valor de realización de los activos” ya sea a través de la venta en conjunto o por unidades.

Además, la resolución abrió formalmente el camino para avanzar con ese proceso. Allí se dispuso que se deberá “proceder a la realización de los bienes de la fallida”, en el marco de las etapas previstas por la ley.

El fallo también estableció el rol que tendrá la Sindicatura en esta instancia. En ese sentido señaló que será la encargada de intervenir en la administración, resguardar los bienes y avanzar con las medidas necesarias para la liquidación.

Fuente: La Nación