La Fraternidad, el sindicato que comanda Omar Maturano, amenazó con una medida de fuerza para el próximo jueves si no reciben una oferta de aumento salarial superior al 1%. ¿Empieza la rebelión contra las mini paritarias?
Una inminente huelga de trenes amenaza con paralizar el servicio ferroviario el próximo jueves, tras la advertencia pública del sindicato La Fraternidad, que reclama mejoras salariales ante lo que denomina una “inaceptable” oferta de recomposición del 1% para los haberes de enero.
El conflicto, que aún podría resolverse si las compañías ferroviarias presentan una propuesta superadora este lunes en la mesa paritaria, se da en un contexto de creciente tensión entre el sector gremial y el Gobierno nacional por la discusión sobre condiciones laborales y la reforma que impulsa el Ejecutivo.
La decisión de avanzar con la medida de fuerza no está completamente definida. Fuentes sindicales consultadas por Noticias Argentinas coinciden en que el paro general solo se confirmará si este lunes no se concreta una mejora en el ofrecimiento salarial por parte de las empresas ferroviarias. De ser así, el sindicato formalizaría la convocatoria a través de un comunicado oficial, lo que afectaría a todos los servicios bajo su órbita desde el jueves 5 de febrero.
La semana pasada, La Fraternidad acordó para los trabajadores de empresas como FEPSA, NCA y FERROSUR una recomposición del 18% a abonar en tres tramos, con revisiones previstas para mediados de abril. Sin embargo, ese acuerdo no incluyó a la totalidad de los empleados del sector y dejó abierto el reclamo para el grueso de los conductores de trenes.
El secretario general del gremio, Omar Maturano, defendió la demanda salarial y reiteró su rechazo a la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei.
La última medida de fuerza de La Fraternidad fue en septiembre pasado cuando las formaciones de las líneas Roca,Mitre,San Martín,Sarmiento,Urquiza y Belgrano Sur, que corren en el AMBA, circularon a una velocidad máxima de 30 km/h, también por reclamos salariales y de otras condiciones laborales.
En aquel momento, la medida duró dos días hasta que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.
