La central obrera activa su estrategia de acercarse a los senadores «ni-ni» entre radicales, provinciales y peronistas no kirchneristas, para intentar bloquear el proyecto del gobierno nacional. Cuáles son los puntos en conflicto entre la CGT y el Poder Ejecutivo.

La Confederación General del Trabajo dialoga con los legisladores indecisos para frenar la reforma laboral del gobierno de Javier Milei en el Senado de la Nación.

En diálogo con Infogremiales, una alta fuente sindical confirmó que hay «contactos en silencio» con sectores políticos del Congreso frente a la decisión inicial del gobierno libertario de no convocar a la central obrera a discutir y consensuar el proyecto.

El objetivo de la CGT es aceitar las gestiones políticas para bloquear el proyecto impulsado por Javier Milei en el Senado.

Esos sectores son el «centro» político, es decir, entre radicales, bloques provinciales y peronistas no kirchneristas, aquellos que no responden a la Casa Rosada pero tampoco se alinean con una oposición definida anti libertaria.

Según consignó el medio La Nación, la tarea quedó en manos del ala más dialoguista de la central obrera, con Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, del gremio del seguro -dos de los tres secretarios generales de la CGT- encabezando las conversaciones. El tercero, Jorge Arguello, de Camioneros, representa la facción más intransigente.

Qué plantea la Reforma Laboral del Gobierno

La reforma ya cuenta con dictamen de comisión. Fue respaldada por los libertarios y acompañada, con disidencias, por Pro, la UCR y los bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo votó en contra. Pero la avanzada que lideró Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, se empantanó antes de llegar al recinto. La discusión quedó postergada para febrero ante la posibilidad concreta de que el texto sea desguazado artículo por artículo.

El quiebre terminó de consolidarse durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados, una sesión que profundizó la desconfianza entre el Gobierno y sus aliados tradicionales. Desde entonces, los libertarios se concentraron en recomponer ese vínculo, una tarea que dejó en suspenso el avance de la reforma laboral.

En la CGT leyeron el aplazo como la primera batalla ganada. Con febrero cada vez más cerca, intensificaron los contactos con senadores indecisos que se corrieron del oficialismo. El objetivo es reunir entre siete y ocho voluntades para bloquear los artículos más sensibles, aquellos que -según advierten- golpean directamente el financiamiento sindical y erosionan su rol de intermediación.

Freno de mano libertario al proyecto de reforma laboral

Entre los nombres con los que hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. También apuntan a los santacruceños de Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que evitan subordinarse sin matices a la Casa Rosada.

Una de las señales que dejó en claro que al gobierno nacional se le empantanó el proyecto original es que la iniciativa pasó a febrero porque no hubo consenso en el Congreso para que avance. Por otro lado, fue la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich la que aseguró que la iniciativa del gobierno no está cerrada y que «habrá modificaciones».

La fuente consultada por Infogremiales contó que en el seno de la central obrera se lee la posición de Patricia Bullrich como una señal de cómo se le obstaculizó el consenso al gobierno nacional con el proyecto.

Por lo bajo, en la central obrera deslizan un reproche hacia el bloque PJ, al que acusan de correrse de la pelea fina por los votos. “Nadie va a hablar por nosotros”, repiten los más críticos. La queja expone, además, una tensión interna: mientras Jerónimo y Sola apuestan al diálogo parlamentario y evitan la amenaza de un paro general, el sector más duro -referenciado en Camioneros, bajo la conducción Argüello- presiona por una confrontación abierta.

Para la CGT hay puntos que encienden el conflicto

El corazón del conflicto está en la letra chica del proyecto. La CGT apunta contra la ampliación de las actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar servicios mínimos en caso de huelga; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que habilitaría la primacía de acuerdos por empresa sobre los pactos sectoriales; y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados, hoy fijada por convenio.

Pero el punto que genera mayor resistencia -y que incluso en el Gobierno admiten que podría no reunir los votos necesarios- es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) como alternativa al régimen de indemnizaciones. El fondo se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores, recursos que dejarían de ingresar al sistema previsional y serían administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano. “Desfinancia el sistema previsional y de salud y le entrega al Estado un manejo discrecional de esa caja”, advierten en la CGT.

El 10 de diciembre pasado, la central obrera mantuvo un primer encuentro con el bloque PJ del Senado. Fue el punto de partida de una ofensiva política más amplia para frenar una iniciativa que califican de “inconstitucional” y “antisindical”. Luego tendieron puentes con los gobernadores de Provincias Unidas, con una cumbre inicial en el Banco de Chubut, de la que participaron los Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), antes incluso de que el texto oficial ingresara al Congreso.