La seccional de La Bancaria Tucumán manifestó su apoyo institucional al dirigente Carlos Cisneros ante lo que calificó como “ataques” contra su trayectoria sindical y política. Los cuestionamientos al dirigente surgieron a partir del apoyo de la seccional sindical a una afiliada que denunció un presunto ataque sexual en manada de jugadores de Vélez.

La seccional Tucumán de la Asociación Bancaria expresó públicamente su respaldo al dirigente sindical y diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, frente a lo que definieron como una serie de cuestionamientos dirigidos a su actividad pública y gremial.

A través de un comunicado oficial firmado por la secretaria general de la seccional, Cecilia Sánchez Blas, el gremio manifestó su apoyo “institucional, político y gremial” al actual Secretario de Administración nacional del sindicato.

Desde la organización destacaron los más de 30 años de trayectoria de Cisneros en la actividad sindical y política, y señalaron que los cuestionamientos responderían a su posicionamiento en defensa de los trabajadores.

En el texto, el gremio sostiene que el dirigente ha mantenido una postura constante frente a distintos gobiernos y contextos políticos, destacando su participación en reclamos vinculados a derechos laborales y servicios públicos.

El comunicado también menciona intervenciones públicas del legislador en temas vinculados a la situación de los jubilados ante el PAMI, así como críticas a empresas prestadoras de servicios eléctricos como EDET y TRANSNOA, en relación con tarifas y calidad del servicio.

Según el documento, estas posiciones habrían generado tensiones con distintos sectores de poder económico y político.

Desde La Bancaria Tucumán remarcaron que Cisneros cuenta con el respaldo de trabajadores del sector y del movimiento sindical local, destacando su legitimidad basada en su trayectoria gremial.

“El compañero Carlos Cisneros no está solo”, señala el documento, que reafirma el acompañamiento del sindicato frente a las críticas.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del gremio con la defensa de sus dirigentes y con los principios históricos del sindicalismo, subrayando la importancia de la coherencia y la defensa de los derechos laborales como ejes de su posicionamiento.

El origen de la denuncia

El caso de origen se remonta al 2 de marzo de 2024, luego del partido entre Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield, por la Copa de la Liga. La denunciante, una periodista deportiva de 25 años, relató que tras el encuentro fue invitada por el arquero Sebastián Sosa al hotel donde se hospedaba el equipo visitante y ella aceptó la cita.

De acuerdo a su testimonio, allí se encontró con que también estaban los futbolistas José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré. La mujer declaró que consumió bebidas alcohólicas y que sospecha que en algún momento le habrían colocado una sustancia porque tiempo después quedó consciente pero sin control de su cuerpo, situación que habrían aprovechado estos últimos tres para forzarla en una violación grupal.

Su escape del hotel quedó registrado por las cámaras de seguridad y el caso tomó relevancia nacional, generando un fuerte impacto en el ámbito deportivo y judicial. Los cuatro jugadores continúan en libertad y desempeñándose profesionalmente.

La investigación judicial que ahora involucra a Cisneros deriva de ese caso, los jugadores fueron sobreseídos y la decisión del juez fue cuestionada por la denunciante.

La mujer, además de trabajar como periodista independiente, era empleada de La Caja Popular de Ahorros de Tucumán e inmediatamente recibió el apoyo del gremio bancario que le aportó una abogada y respaldo en las calles.

A partir de derivaciones de ese caso, la Justicia federal comenzó a indagar posibles delitos vinculados con trata de personas, lo que dio origen a una nueva investigación. En ese contexto surgió la línea que involucraría a Cisneros y a otras personas que acompañaron a la denunciante. El expediente derivó en el pedido de declaración indagatoria de Cisneros, lo que motivó la notificación oficial a la Cámara de Diputados.

A partir de esto, la legisladora libertaria Lilia Lemoine busca que el caso sea tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien deberá evaluar si corresponde sancionar o avanzar con el proceso de desafuero. Este procedimiento requiere que la comisión emita un dictamen que luego debe ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados; la decisión final corresponde al pleno.