Empleados de salas de juego y casinos denuncian atrasos salariales, falta de aportes a la obra social y al sistema previsional, y apuntan contra las empresas New Star y SIGAR. Desde el sindicato de empleados de juegos de azar ALEARA reclaman una intervención urgente del Estado salteño como autoridad de control.
Más de 200 trabajadores de casinos y salas de juego de la provincia de Salta atraviesan una situación salarial crítica, marcada por pagos atrasados, aguinaldos impagos y la falta de aportes a la obra social y al sistema previsional. La denuncia fue realizada por el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), Ariel Fassione, quien apuntó contra la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por las empresas New Star y SIGAR y reclamó una intervención urgente del Estado provincial.
Según explicó a El Tribuno de Salta el dirigente sindical, en los últimos días se completó parcialmente el pago de los salarios correspondientes al mes de noviembre, aunque no en todos los casos. Fassione detalló que mientras SIGAR cumple con el pago de los sueldos, aunque con demoras, la empresa New Star adeuda salarios y el aguinaldo, situación que derivó en la paralización de tareas por parte de los trabajadores afectados.
El conflicto alcanza a varias salas de la capital salteña y a establecimientos del interior de la provincia, donde la situación sería igual o incluso más grave. “Hace por lo menos un año que esto viene de arrastre. No se trata de uno o dos meses, es una práctica permanente”, sostuvo Fassione, quien remarcó el impacto social que implica percibir los salarios completos recién hacia el día 20 del mes o incluso más tarde.
A esta problemática se suma el incumplimiento de las obligaciones patronales en materia de salud y previsión social. “No pagan las contribuciones a la obra social, la gente va a atenderse y no tiene cobertura. Con las cargas previsionales también están mal”, denunció el dirigente, al tiempo que describió un clima de profunda angustia entre las familias de los trabajadores afectados.
Fassione también cuestionó la falta de definiciones concretas por parte de los organismos de control. Si bien reconoció que existen audiencias y convocatorias por parte del Ministerio de Trabajo y del ente regulador del juego, advirtió que no se adoptan medidas de fondo. “Todos los meses es lo mismo. Esto ya excede a la Secretaría de Trabajo y debe intervenir el Estado como concedente y autoridad de control”, afirmó.
Por último, el referente gremial descartó que se trate de una crisis general del sector a nivel nacional y atribuyó el conflicto a un problema de gestión empresarial. Recordó que en 2022 el Gobierno provincial prorrogó por diez años la licencia de explotación a New Star, y reclamó que el Estado actúe en defensa de las más de 200 familias afectadas. “Las promesas de pago se repiten, pero sin fechas concretas. Así como están las cosas, esto no va más”, concluyó.
