A menos de dos meses de la puesta en marcha del FAL, el Gobierno definió que las empresas que no abran una cuenta a tiempo quedarán sujetas a un sorteo. El sistema, que busca financiar indemnizaciones, genera inquietudes entre bancos y especialistas laborales, algunos rememoran la administración fraudulenta de las AFJP.
A dos meses de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Gobierno determinó que las empresas que no abran una cuenta en una entidad financiera o sociedad de bolsa para administrar esos recursos serán asignadas por sorteo. La medida alcanza a todas las pymes y grandes empresas del país, sin importar la cantidad de empleados, y busca garantizar que el sistema comience a funcionar en noviembre sin demoras. Quedarán exceptuadas las empresas de la construcción, el servicio doméstico y el empleo público.
El FAL, creado por la reforma laboral aprobada a principios de año, reemplaza el sistema de indemnizaciones por despido: los empleadores destinarán un porcentaje de los aportes patronales (2,5% para pymes y 1% para grandes empresas) que antes iban a la Anses a una cuenta individual administrada por una entidad financiera o de bolsa. La plataforma, que no debería utilizarse para otros fines, funcionará como una suerte de «seguro de desempleo», ya que los fondos acumulados servirán para pagar indemnizaciones o sentencias judiciales. Su lanzamiento está previsto para el 1° de noviembre.
El sorteo será la solución para las empresas que no hayan elegido una administradora antes del plazo establecido. Las entidades gestoras deberán registrarse previamente como «elegibles» para participar del proceso, que definirá por azar qué banco o sociedad de bolsa se quedará con las cuentas «huérfanas». En el mercado financiero, sin embargo, advierten que este mecanismo podría generar problemas operativos, especialmente en materia de prevención de lavado de activos. «Si una entidad recibe de golpe una masa nueva de clientes por el sorteo, las normas de ‘Conozca a su cliente’ que supervisa la UIF deberían ser contemplativas con esos plazos tan acotados», explicaron desde un banco líder.
Las gestoras del mercado de capitales calculan que el 70% del FAL quedará en manos de los bancos, por la relación histórica con las empresas, y el 30% restante se repartirá entre sociedades de bolsa. Juan Ignacio Abuchdid, presidente de IEB, anticipó a Clarín una «competencia comercial agresiva» por captar clientes. La definición no es menor: aunque el dinero del FAL esté afectado a las indemnizaciones, la empresa puede optar por pagar con fondos propios y dejar el capital invertido para que siga generando rendimientos.
El abogado laboralista Tomás Rigo, director de derecho laboral en Noetinger y Armando, señaló que el FAL «alivia la salida pero ignora la mochila financiera que las pymes y grandes empresas cargan mes a mes para sostener los imprevistos de la vida laboral activa». El especialista recordó que las empresas deberán seguir pagando los aportes normalmente a ARCA, que será el organismo encargado de desviar el porcentaje correspondiente a la administradora del FAL. Mientras tanto, los bancos afinan sus campañas para ofrecer bonificaciones y descuentos a las pymes, que concentran la mayor cantidad de nuevas cuentas, en una carrera por quedarse con la mayor porción de un mercado que promete mover millones de pesos mensuales.
