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Ex trabajadores de SEGBA rechazaron el plan del Gobierno para privatizar la empresa de energía, Transener

Es la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país. Piden resguardarla del desguace y la privatización «similar a los años ´90» por considerarla «estratégica».

Ex trabajadores de SEGBA apuntaron contra el plan de privatización de la empresa transportista de energía eléctrica de alta tensión, Transener.

La empresa, creada con los activos de las empresas estatales SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires), Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor, empresas estratégicas del Estado que fueron desguazadas y privatizadas durante la década de 1990 mediante las leyes de privatización del menemismo 23.696 y 24.065, está en proceso de privatización como parte del plan del gobierno de Javier Milei.

«Este proceso, entregó el control de sectores estratégicos a intereses privados, generando un daño económico y social profundo que persiste hasta hoy«, sostienen en un comunicado y apuntan que «aún más grave, el Estado argentino mantiene una deuda histórica con los trabajadores de estas empresas privatizadas por el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP), que debía garantizar una participación accionaria en favor de los empleados«.

Desprenderse de «activos estratégicos»

El colectivo señala que «en lugar de avanzar en la reparación de esta deuda, el actual gobierno pretende desprenderse de los últimos activos estratégicos que pertenecen al patrimonio nacional. Transener es una empresa altamente rentable, generadora de ingresos para el FGS y para el Estado Nacional. La venta de sus acciones no se justifica desde el punto de vista financiero ni patrimonial».

Los ex trabajadores de SEGBA apuntan que «no hay fundamentos económicos sólidos para su privatización» y que «desprenderse de estas acciones significa renunciar al control sobre una infraestructura crítica para el desarrollo del país y por consiguiente la pérdida de soberanía nacional sobre decisiones estratégicas».

Por último, señalan que «en lugar de avanzar en nuevas privatizaciones, el Estado debe asumir el compromiso de recuperar el control de las empresas estratégicas para garantizar la soberanía nacional y corregir los errores del pasado. Esto incluye reparar la deuda histórica con los trabajadores de las empresas privatizadas».

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