La Superintendencia de Servicios de Salud intimó a las entidades a presentar un plan de contingencia en 15 días. Las acusó de severas anomalías financieras y prestacionales. La avanzada llega en medio de la sospecha de direccionamiento de negocios vinculados a la salud.
En un nuevo capítulo de la estrategia oficial de «ordenamiento y control» sobre el sistema de salud sindical, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), formalizó la declaración de situación de crisis para cinco obras sociales gremiales.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 934 a 938/2026, expone según el oficialismo un escenario de severas irregularidades administrativas, contables y de cobertura médica que pone en jaque la continuidad operativa de estas entidades.
Con esta disposición, el organismo regulador otorgó un plazo perentorio de 15 días hábiles para que las conducciones de estas obras sociales presenten un «Plan de Contingencia y Saneamiento».
De no cumplir con las metas trimestrales exigidas, las entidades se exponen a procesos de intervención directa o a la pérdida definitiva de su personería operativa, una política que el Ejecutivo viene aplicando de forma sistemática con los agentes del seguro médico que muestran insolvencia, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Las obras sociales afectadas en esta instancia pertenecen a sectores diversos de la actividad gremial: Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Obra Social de Serenos de Buques; Obra Social Modelos Argentinos; Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
Las resoluciones ministeriales detallaron que las auditorías integrales detectaron que los prestadores superaron el «factor de criticidad» económica y de atención al afiliado establecido por el Decreto 1400/2001.
Es más: los informes técnicos reflejaron una combinación crítica: vulnerabilidad económico-financiera, debilidad en la capacidad de repago de deudas y un deterioro marcado en el acceso efectivo a las prestaciones básicas de sus afiliados.
La avanzada llega en medio de serias denuncias contra los funcionarios libertarios por direccionar negocios vinculados a la salud en las obras sociales sobre las que toman control por medio de intervenciones.
