La Justicia le puso un freno al hermetismo del Banco Central y exigió explicaciones sobre el destino del oro argentino, en medio del ajuste, la falta de dólares y una política económica que se decide sin rendir cuentas.

Reservas públicas, secretos privados

Un fallo obliga al BCRA a informar sobre maniobras con activos estratégicos del país. La pregunta que el Gobierno evita responder empezó a encontrar eco en la Justicia: qué hicieron con las reservas internacionales. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que brinde información detallada sobre las operaciones realizadas con parte del oro que integra las reservas, cuya salida al exterior fue manejada con opacidad y sin explicación pública.

El fallo revierte la negativa del BCRA a entregar datos sobre esas maniobras, una postura que el organismo había justificado con argumentos vagos vinculados a la “seguridad del sistema financiero”. Para los jueces, esa excusa no alcanza para vulnerar un derecho básico: el acceso a la información pública sobre bienes que pertenecen a toda la sociedad.

El amparo fue impulsado por la Asociación Bancaria, luego de que el Central se negara a informar cuánto oro se trasladó, a qué destino y bajo qué condiciones. La Justicia fue clara: las reservas internacionales no son un asunto interno de funcionarios y tecnócratas, sino un recurso estratégico cuya administración debe estar sometida al control ciudadano.

En su resolución, el tribunal remarcó que el secreto no puede convertirse en una práctica habitual cuando están en juego activos públicos. La confidencialidad, señalaron, debe ser la excepción y no la regla, especialmente en un contexto de crisis económica y endeudamiento creciente.

El ajuste abajo y el silencio arriba

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la operación asegurando que el traslado del oro permitiría obtener rendimientos financieros en lugar de mantenerlo “inmovilizado”. Sin embargo, no se brindaron detalles concretos sobre montos, riesgos ni beneficios reales, mientras el Gobierno insiste en que no hay recursos para jubilaciones, salarios, educación o salud.

La falta de transparencia se complementa con un programa económico que avanza a fuerza de ajuste, licuación de ingresos y recortes, pero que preserva zonas oscuras cuando se trata de explicar cómo se administran los activos estratégicos del país.

Un límite al poder sin control

El fallo judicial marca un punto de inflexión: el Estado no puede disponer de las reservas como si fueran propiedad privada, ni blindar sus decisiones detrás de tecnicismos financieros. Mientras el Gobierno predica sacrificios, la sociedad tiene derecho a saber qué hicieron con las reservas. 

No solo ello, sino que las reservas de oro deben volver a nuestro país y utilizarse para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo que es a quien le pertenece.