La diputada Verónica Razzini, exreferente del lobby antibloqueos del PRO y hoy alineada con La Libertad Avanza, presentó una propuesta que restringe de manera drástica el derecho de huelga: pretende obligar a preavisos largos, subordina asambleas al empleador, habilita despidos con causa y penaliza toda medida que exceda la “cesación de tareas”. El proyecto, celebrado por sectores empresarios, reproduce el ideario del DNU laboral de Milei y profundiza una avanzada que amenaza con desarticular el poder sindical y desequilibrar la balanza a favor de las patronales.

La diputada nacional Verónica Razzini, de extracción empresaria y ya incorporada al bloque de La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto que endurece el marco legal del derecho de huelga en Argentina. La iniciativa plantea una batería de restricciones, sanciones y límites procesales que, en la práctica, podrían anular la herramienta histórica de presión con la que cuentan los trabajadores para defender sus derechos.

Razzini construyó su perfil político desde el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), organización dedicada a litigar contra protestas sindicales y a promover fallos judiciales contra bloqueos y medidas de fuerza. Esa trayectoria coloca en el centro las demandas empresariales y desplaza a un segundo plano las garantías constitucionales del derecho a huelga.

El proyecto exige preavisos de siete días, asambleas convocadas con tres días de anticipación y procedimientos estrictos cuya omisión vuelve “nula”, y hasta ilegal, cualquier medida de fuerza. En paralelo, habilita a las empresas a aplicar sanciones disciplinarias, despidos con causa y acciones civiles o penales cuando las huelgas no cumplan cada uno de estos requisitos formales.

Incluso modalidades históricamente reconocidas como legítimas, quites de colaboración, trabajo a reglamento, ralentizaciones, son catalogadas como ilícitas. La iniciativa extiende esta lógica a asambleas internas: cualquier reunión sin autorización expresa del empleador puede ser considerada una “interrupción injustificada del débito laboral”, es decir, una falta grave sancionable.

El proyecto también determina que el empleador no deberá pagar salarios en ningún caso, aun si la huelga es declarada legítima o si el conflicto deriva de incumplimientos patronales. Esta posición contradice décadas de doctrina laboral y vulnera el carácter alimentario del salario.

La propuesta replica buena parte del contenido del DNU 70/2023 y del decreto 340, ambos rechazados y suspendidos por la Justicia, e incluso va más lejos en algunos aspectos, extendiendo la categoría de “servicios de importancia trascendental” y elevando al 75% la cobertura mínima obligatoria en servicios esenciales.

La diputada Razzini surgió del empresariado rosarino y construyó visibilidad con una agenda abiertamente antisindical, articulada primero con el PRO y ahora con el oficialismo libertario. Su salto político le dio a La Libertad Avanza una voz que expresa sin matices los intereses de cámaras, grandes firmas y sectores que buscan avanzar en una reforma profundamente regresiva de la legislación laboral.

La iniciativa de Razzini no solo regula: restringe el margen de acción de los trabajadores ante injusticias y criminaliza las protestas.

Numerosos especialistas advierten que este planteo desconoce estándares internacionales de la OIT: si bien la organización admite regulaciones, también señala que la huelga es una herramienta legítima de defensa colectiva y que las restricciones no pueden vaciarla de contenido.