El requerimiento incluye información detallada sobre cantidad de aviones, rutas realizadas, pasajeros transportados, tripulación, costos operativos y el precio real de adquisición de las aeronaves. En paralelo, legisladores provinciales de La Libertad Avanza anticiparon que impulsarán un pedido similar desde la Legislatura jujeña.
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En diálogo con Radio 2, el diputado Manuel Quintar expresó su preocupación por la reciente adquisición de un avión que, según trascendidos, habría sido comprado por 14 millones de dólares, cuando su valor de mercado rondaría los 11 millones, además de haberse utilizado un intermediario para la operación.
“Queremos saber cuántos aviones tiene realmente la provincia, para qué se usan y cuánto se pagó por cada uno. 14 millones de dólares son más de 20 mil millones de pesos, y los jujeños merecen explicaciones”, afirmó.
Quintar remarcó que las aeronaves no son sanitarias ni de seguridad, sino aviones ejecutivos, y cuestionó la necesidad de sumar una tercera unidad cuando ya existirían dos aviones modernos en la flota provincial.
Embed – Diputados nacionales piden informes por la compra y uso de aviones del Gobierno de Jujuy
Uso político y denuncias previas
El legislador señaló además que existen denuncias y versiones sobre el uso de aviones oficiales para fines particulares, traslados durante la campaña electoral de 2023, e incluso para el transporte de bienes privados, lo que motivó la decisión de acudir directamente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
“Fuimos a la fuente. ANAC es el organismo que regula toda la aviación y esperamos que nos informe con precisión”, explicó.
Los diputados nacionales confirmaron que este viernes presentarán un pedido formal de audiencia con el gobernador Carlos Sadir, solicitando además la presencia de legisladores nacionales de otras fuerzas políticas.
“Representamos a la mitad de los diputados nacionales de Jujuy. No puede ser que el gobernador no reciba a quienes pedimos explicaciones de manera institucional y respetuosa”, sostuvo Quintar, quien aclaró que no se trata de una “cacería de brujas”, sino de saber qué se hace con la plata de los jujeños.
El planteo se suma a los reclamos realizados por la diputada provincial María Eugenia Tomé, quien denunció respuestas incompletas y evasivas por parte del Ente Autárquico Permanente (EAP) ante pedidos de información financiera.
Según Quintar, la falta de respuestas podría derivar en una acción judicial, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, ante lo que calificó como un manejo autoritario y opaco del Ejecutivo provincial.
“Gobernar es rendir cuentas. Si hay funcionarios que hicieron mal las cosas, deben ser separados. Lo que no puede pasar es que se gobierne de espaldas al pueblo”, concluyó.
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Foto: diputado Manuel Quintar.
