A menos de un mes de la asunción de la nueva conducción, el Instituto Nacional de la Yerba Mate notificó la cesantía de 21 trabajadores en el marco del proceso de ajuste y desregulación impulsado por el Gobierno nacional. Desde ATE denuncian un vaciamiento del organismo.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) atraviesa una nueva etapa de ajuste que vuelve a encender las alarmas en el sector. Este lunes, 21 de los 84 trabajadores del organismo fueron notificados de su cesantía, una medida que implicaría un costo estimado de 800 millones de pesos y que podría no ser la última, según versiones internas.

La decisión fue adoptada por el directorio del INYM a menos de tres semanas de la asunción de Rodrigo Correa como presidente del Instituto. El contador, de perfil libertario y designado por el Gobierno nacional, asumió tras dos años de acefalía y sin antecedentes vinculados a la actividad yerbatera. El recorte representa la desvinculación de una cuarta parte del personal y se inscribe en la política de desregulación total de la economía yerbatera impulsada desde diciembre de 2023.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su sorpresa por la forma y el alcance de la medida. Según denunciaron, los empleados fueron citados de manera individual y notificados de su despido ante un escribano. Aproximadamente la mitad de los cesanteados están afiliados al gremio y, entre ellos, se encuentran dos delegados sindicales que cuentan con tutela gremial.

Para el sindicato, los despidos forman parte de un proceso de vaciamiento del INYM, un organismo creado en 2021 con el objetivo de superar una profunda crisis del sector, originada en la desregulación aplicada durante la década de 1990. La creación del Instituto fue el resultado de una extensa protesta de productores yerbateros, que llegaron a Posadas con camiones y tractores y sostuvieron un acampe durante más de un mes hasta lograr la sanción de la ley.

El INYM se financia a través de una estampilla incluida en los paquetes de yerba mate, por lo que no genera costos directos para el Estado. Durante sus primeros años de funcionamiento, permitió una recomposición del precio de la hoja verde, mejoró los márgenes de rentabilidad de los productores, impulsó estándares de calidad y promovió la apertura de nuevos mercados internacionales, además de campañas para fomentar el consumo.

El primer golpe a esta estructura llegó con el decreto presidencial 70/2023, que le quitó al Instituto la facultad de fijar precios de referencia semestrales para la hoja verde y la yerba mate canchada. Como consecuencia, los valores percibidos por los productores quedaron rezagados: la cosecha gruesa de 2025 cerró con precios promedio de 280 pesos, similares a los establecidos en el laudo de octubre de 2023, mientras que los plazos de pago se extendieron hasta los 180 días.

A este escenario se sumó la derogación de la normativa que limitaba nuevas plantaciones, una herramienta destinada a evitar la sobreoferta de materia prima y a preservar el equilibrio entre producción y demanda. Con los despidos recientes y la posibilidad de nuevas desvinculaciones, el futuro del INYM y del sector yerbatero vuelve a quedar envuelto en la incertidumbre.