La firma láctea había reducido su producción. Acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados por $8.458.599.415,78 y hubo reclamos del gremio por más de $1.000.000.000. Se pierden otros 140 puestos de trabajo en la industria.

La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha. La medida fue dictada por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, quien dispuso abrir directamente la etapa de liquidación, poniendo fin a un proceso que se había iniciado meses atrás bajo concurso preventivo.

El gremio lechero Atilra difundió la novedad. El grupo venezolano Maralac es quien tenía el control de la compañía. Es la misma firma que administró la quebrada Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que vendía yogures y postres que eran de SanCor.

La Suipachense tenía 140 empleados y en el último tiempo redujo fuertemente su producción en el marco de un conflicto gremial. Acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados que ascendería a $8.458.599.415,78. También hubo reclamos del gremio por más de $1.000.000.000.

En su resolución, el magistrado ordenó “declarar en estado de quiebra a la empresa ‘Lácteos Conosur S.A.’ (CUIT 30-68714743-6)… Se deja constancia que no corresponde la tramitación bajo el régimen previsto por el art. 288 LCQ”. La decisión recae sobre una empresa que atravesaba una crisis prolongada, con la planta paralizada desde hacía semanas, sin producción ni pago de sueldos y ocupada por sus trabajadores.

El juez dispuso la inhabilitación de la empresa y de su presidente, Jorge Luis Borges León. El texto precisa: “Asimismo, se declara la inhabilitación de la fallida Lácteos Conosur S.A. y del integrante del órgano de administración Jorge Luis Borges León (DNI 95.239.435)… La inhabilitación de la fallida es definitiva”. El fallo también impuso restricciones migratorias al señalar: “Hacer saber a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida…”. La decisión busca garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión.

En el plano económico, la resolución ordena comunicar la quiebra al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que todas las entidades financieras bloqueen cuentas y depósitos a nombre de la empresa. “Ordenar que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras… cerrar todas las cuentas corrientes… y embargar y transferir los saldos existentes”, detalló.

También se decretó la inhibición general de bienes y la prohibición de pagos: “Decretar la inhibición general de bienes de la fallida…” y “prohibir la realización de pagos a la firma fallida…”. Con esto, se impide cualquier movimiento patrimonial hasta que la Sindicatura determine el destino de los activos.

Otro de los puntos relevantes fue la clausura de la planta industrial y el control de su documentación. “Proceder a la constatación y clausura del establecimiento de la fallida… El oficial de justicia procederá a la incautación de libros y documentación… y constatará el estado de ocupación e identificará a los eventuales ocupantes”. La medida busca preservar los bienes y la información contable, mientras se relevan los activos que podrían integrarse a la masa de la quiebra.

La Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra. “Resultando este último continuación de aquél, corresponde que prosiga con su actuación la Sindicatura interviniente en el concurso”, estableció el fallo. El juez le encomendó garantizar la provisión de servicios básicos y la seguridad del predio: “Solicitar a la Sindicatura que adopte las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales… y garantizar la seguridad de la planta”.

También advirtió sobre la posibilidad de dar intervención penal: “…deberá arbitrar los medios necesarios, en caso de corresponder, para dar urgente intervención a la Justicia Penal”, ante eventuales delitos de los representantes de la empresa.

El fallo fija los plazos del proceso. Los acreedores podrán verificar créditos hasta el 10 de febrero de 2026, según el texto: “Fíjase fecha hasta la cual podrán presentarse los acreedores a verificar sus créditos, en el día 10/02/2026”. Luego, la Sindicatura deberá presentar las impugnaciones hasta el 27 de febrero, y los informes individuales y generales entre el 30 de marzo y el 14 de mayo de 2026, con posibilidad de observaciones hasta el 29 de mayo». Finalmente, se dispuso modificar la carátula del expediente a “Lácteos Conosur S.A. s/ Quiebra (Grande)” y notificar de forma automatizada a la empresa y a la Sindicatura.

Con más de 70 años de historia, La Suipachense llegó a procesar unos 250.000 litros diarios de leche y empleaba a 140 personas, siendo uno de los principales motores económicos de Suipacha y su zona de influencia. La planta era reconocida por su producción de quesos y dulce de leche, con presencia en todo el país. En los últimos meses, sin embargo, la producción se detuvo por completo. Los trabajadores ocuparon el predio en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados. Con la quiebra decretada, la empresa pasa formalmente a administración judicial.