La tensión social y política en la provincia de Santa Cruz sumó un nuevo y complejo capítulo. El Gobierno provincial y los representantes de las fuerzas de seguridad volvieron a chocar en lo que significó el octavo encuentro formal del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad.

La reunión no solo culminó sin acuerdo, sino que el conflicto —que ya se extiende por más de un mes— escaló drásticamente hacia una parálisis de las negociaciones y una denuncia oficial por incidentes y destrozos.

Durante el encuentro, las autoridades del Ejecutivo santacruceño pusieron sobre la mesa dos alternativas de recomposición salarial basadas en la modificación del «valor punto», el coeficiente técnico que determina el haber de cada efectivo de acuerdo a su rango y antigüedad.

Las opciones presentadas contemplaban los siguientes esquemas de bolsillo:

Primera alternativa: fijaba el valor punto en $2.310,20 para julio y preveía un alza escalonada hasta los $2.452,18 en diciembre, con cláusula de revisión en octubre. Bajo esta propuesta, el sueldo de un agente o subayudante (sin antigüedad) pasaba de los actuales $1.182.351 a $1.713.034, mientras que un cabo (base 4) alcanzaba los $1.773.810.

Segunda alternativa: proponía un valor punto de inicio de $2.116,78 retroactivo a junio, con subas graduales hasta $2.273,84 en diciembre. En la práctica, ubicaba el salario de un agente ingresante en los $1.608.049 y el de un cabo en $1.703.170.

A pesar de que los funcionarios provinciales remarcaron que el haber inicial propuesto lograba cubrir el costo de la Canasta Básica Total, las cifras presentadas quedaron muy rezagadas respecto de las pretensiones del sector. Los representantes policiales ratificaron que el piso mínimo para un agente que recién se incorpora a la fuerza debe establecerse en $2.200.000, exigiendo además un valor punto cercano a los $4.000 para recomponer la pirámide salarial de los mandos superiores.

El rechazo rotundo en la mesa de votación dio lugar de inmediato a una profundización de las medidas de fuerza en la capital provincial, Río Gallegos:

Se instalaron campamentos y carpas de protesta en los jardines y el frente de la Casa de Gobierno. Además se concretaron cortes de calle totales en las adyacencias de la Jefatura de Policía y se montaron guardias y carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en los sectores habituales de pernocte del mandatario Claudio Vidal.