La multinacional agroexportadora Cargill suspendió las operaciones de su planta de acopio en el partido de General Arenales, en el marco de un conflicto con transportistas independientes que denuncian la exigencia de un pago del 3% por fuera de los canales formales. El Municipio calificó el hecho como «un problema de índole privado».
La localidad de Arribeños atraviesa una crisis social y económica sin precedentes tras la decisión de la multinacional Cargill de suspender por completo las operaciones en su planta de acopio, una instalación con más de 25 años de trayectoria. El cese de actividades dejó a 30 familias en la calle y afectó a toda la cadena productiva de la región, incluyendo mecánicos, comercios y proveedores de insumos del distrito. La paralización comenzó el 3 de julio de 2026 y la empresa advirtió que se mantendrá «hasta que existan garantías de seguridad».
El eje de la disputa se centró en la denuncia de los fleteros contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusan de operar como un nexo forzoso para la realización de los traslados sin brindar un servicio logístico real. En declaraciones a medios locales, Cristian Cardoso, vocero de los afectados, sostuvo: «Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo».
La denuncia más grave apunta a la exigencia de un esquema de comisiones irregulares. Los choferes sostienen que se les imponía el pago de un 3% «en negro» sobre el valor de cada carga para poder trabajar. Ante la negativa de los transportistas de convalidar estas condiciones informales, la respuesta de la empresa y del esquema de intermediación fue la interrupción total de las asignaciones de flete. Desde la cúpula de CATAC, su presidente Ramón Jatip negó de manera contundente las acusaciones y afirmó que los transportistas «se fueron voluntariamente».
Por su parte, Cargill sostuvo que las personas que llevan adelante el reclamo no son ni fueron empleados de la compañía, sino prestadores de servicios independientes, y que la asignación de cargas responde a «criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación». La empresa señaló que la seguridad es un valor «fundamental e innegociable» y que las operaciones se reanudarán cuando existan las garantías necesarias. Esta postura es avalada por la inacción de las autoridades: el Municipio de General Arenales ya calificó el hecho como «un problema de índole privado» y de «no competencia municipal».
El conflicto se arrastra desde hace diez meses y, en las últimas semanas, los camioneros intensificaron sus reclamos con un acampe pacífico en los accesos al predio. Mientras la multinacional ampara su silencio en la libertad de mercado, los trabajadores insisten en una mesa de diálogo «orgánica, pacífica y transparente» que hoy parece lejana ante la ausencia de un marco institucional que obligue a las partes a negociar de buena fe. Cardoso advirtió que, de persistir la postura empresarial, escalarán las protestas y se harán visibles en todas las plantas que la firma tiene en la región.
