El gremio de trabajadores judiciales bonaerenses expresó su respaldo a la magistrada Marta Pascual frente a la «brutal campaña de ataques y desprestigio» desatada a partir de su decisión de suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El hostigamiento se extendió al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la jueza Marta Pascual y exigió el cese inmediato del hostigamiento contra la magistrada y contra trabajadores del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora.

La resolución cuestionada fue adoptada por la jueza en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La medida se fundamentó en «la necesidad de garantizar los derechos de las y los adolescentes frente a la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura adecuadas para la implementación del nuevo régimen».

Desde el gremio judicial advirtieron que en las últimas horas el hostigamiento «se ha extendido también al personal del Juzgado» y reclamaron «la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración Provincial y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la jueza, de las y los trabajadores del organismo y el normal desarrollo de sus funciones».

El comunicado también apuntó contra los medios de comunicación y el Gobierno nacional. «Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios de comunicación y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios y personalidades con altísimas responsabilidades institucionales, se alimente una campaña de desprestigio, presión y ataque contra una magistrada por una decisión adoptada en el ejercicio de sus facultades constitucionales», señalaron.

En ese sentido, la AJB defendió «la independencia del Poder Judicial y el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales» y recordó que «las decisiones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y no pueden dar lugar a campañas de presión, persecución o amedrentamiento contra magistradas, magistrados ni trabajadores y trabajadoras judiciales».

Finalmente, el gremio advirtió que «estas prácticas afectan gravemente la independencia judicial, el respeto por la división de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones de la República».