A 12 meses del despido intempestivo que dejó a 300 familias sin ingresos, los exempleados de la histórica cerámica Ilva mantienen una vigilia permanente para evitar el vaciamiento de la planta mientras la causa tramita en la Justicia Comercial. La muerte de un compañero y la pérdida de la cobertura de salud marcan el drama de una lucha sostenida que no cesa.
Pasó un año desde aquel 29 de agosto de 2025 cuando la fábrica ceramista Ilva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, comunicó por WhatsApp un cierre temporal por mantenimiento que días después se confirmó como el despido de sus 300 trabajadores. Doce meses más tarde, ningún exempleado cobró las indemnizaciones que establece la ley, y un grupo de 44 exoperarios mantiene un acampe permanente en la puerta de la planta para evitar que la empresa vacíe la maquinaria que aún queda en el interior. «Si nosotros no hubiéramos cuidado eso que está ahí adentro, los dueños hubieran vaciado la fábrica y no la vemos nunca más», explicó a Pilar de Todos Gabriela Vallejos, quien trabajó 20 años en la firma como clasificadora de producto terminado.
La empresa, perteneciente a las familias Zanon y Bocci, envió los telegramas de despido invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que reduce las indemnizaciones a la mitad en caso de crisis, pero ni siquiera con ese esquema cumplieron con el pago. Desde entonces, los trabajadores ingresaron en un concurso de acreedores que tramita en el Juzgado Comercial N°12 a cargo del juez Hernán Papa, mientras la firma, que había instalado una nueva línea de producción valuada en millones de euros semanas antes del cierre, solicitó la apertura del concurso preventivo para evitar embargos. «Están saliendo los camiones porque hay una orden del juez, pero todavía no vimos un mango de nada», cuestionó Marcelo Barrionuevo, delegado del Sindicato de Ceramistas y extrabajador con más de dos décadas en la planta.
El impacto social del cierre atraviesa los relatos personales. Barrionuevo, de 46 años y con siete hijos, subsiste con el fondo de desempleo, changas ocasionales y la ayuda de sus hijos mayores, y describió cómo el beneficio fue disminuyendo mes a mes hasta quedar en $185.000, una cifra que «no alcanza para cubrir nada». La mayoría de los despedidos, con más de 20 años de antigüedad, no logró reinsertarse en el mercado laboral; los que lo hicieron son jóvenes que encontraron trabajo en aplicaciones de transporte o changas de albañilería . La situación se agravó con la pérdida de la obra social: «Tengo compañeros con tratamientos oncológicos que no los pudieron realizar», relató Vallejos, quien contó que entre ellos armaron una red solidaria para conseguir medicamentos.
El conflicto también dejó una marca irreparable. En mayo de este año, Javier López, operario del área de control de procesos, se quitó la vida «porque no soportó la situación», según recordaron sus compañeros. «Deseo que la muerte de mi hermano sirva para que ningún otro empleado pierda su vida», escribió su hermana Adriana en redes sociales. «¿Y hasta cuándo más tenemos que soportar?», se preguntó Vallejos. El acampe sigue en pie con turnos rotativos de 6 a 12 horas, alimentado por donaciones a través del alias despedidos.ilva y la solidaridad de vecinos y la Agrupación Obrera Ceramista. Barrionuevo fue contundente: «Lo único que queremos es que el juez tenga un poco de empatía, no solo con trabajadores, sino con padres de familia, con compañeras que son madres solteras».
