La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentará el martes los cambios al proyecto de ley de propiedad privada, que fija un límite del 25% a la venta de tierras rurales a extranjeros por provincia.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentará el próximo martes a las 16 en una conferencia de prensa en el Senado los cambios al proyecto de ley de propiedad privada, que modifica la Ley de Tierras. La presentación contará con la presencia de los senadores Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén).

Según el borrador al que accedió MDZ, el nuevo artículo 3 de la actual Ley de Tierras fijaría: «La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia».

Cada transacción de estas tierras «deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente», según el nuevo borrador.

Además, el borrador establece la «prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional». Agrega que «el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado».

El cambio propuesto por Bullrich, avalado por funcionarios de la Casa Rosada, aumenta el tope habilitado para la extranjerización de tierras que dispone el artículo 8 de la ley 26.737, que es del 15%. El proyecto original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dejaba casi sin restricciones la venta de tierra a extranjeros.

El oficialismo se prepara para continuar la sesión que comenzó el 16 de julio en el Senado. La votación del proyecto fue postergada en cuatro ocasiones y circularon 16 borradores distintos.

En materia de expropiaciones, el proyecto endurece los requisitos para el Estado y mejora la posición del propietario. La declaración de utilidad pública pasará a ser de interpretación restrictiva y deberá ser idónea, necesaria y proporcional. Las indemnizaciones incorporan el lucro cesante, toman como referencia el valor previo a cualquier acto estatal que pueda influir en la cotización del bien y se actualizan por inflación más una tasa de interés. El bien no pasa al Estado hasta que la indemnización esté íntegramente pagada y esos montos no tributan impuestos.

El capítulo de desalojos convierte el proceso al trámite sumarísimo, el más breve del Código, y habilita la ejecución anticipada antes de la sentencia. También elimina la caución real y la reemplaza por una declaración jurada del propietario. En comisiones, el plazo de intimación al inquilino por falta de pago en inmuebles habitacionales pasó de 3 a 10 días.

Sobre manejo del fuego, el dictamen rechazó los cambios en bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero eliminó el plazo de 30 años para tierra rural. El capítulo sobre barrios populares se cayó por completo: sigue vigente la suspensión de desalojos hasta octubre de 2032.