Fue una cumbre entre las conducciones de las dos vertientes de la CTA. Empezaron a elaborar un plan de acción para «unir las luchas frente al gobierno de Milei». Fue en simultáneo a la reunión de la CGT que resolvió reiniciar las hostilidades contra la gestión libertaria.

Las Mesas Directivas de las CTA mantuvieron un encuentro este jueves, en paralelo al que tuvo la CGT, y resolvieron impulsar acciones en unidad con Azopardo «para articular la resistencia a los ataques que sufre la sociedad». Se trató de una resolución en espejo a la que comunicó el triunvirato cegetista.

La cumbre ceteísta, que continúa en el camino de la reunificación iniciado por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, señaló a las políticas del gobierno nacional como «de entrega absoluta de la soberanía nacional a los grandes intereses neocoloniales del capital tecnológico a expensas de nuestros recursos naturales y los derechos de nuestro pueblo».

Además de la CGT, las centrales decidieron dar continuidad a una serie de reuniones con sectores religiosos, del ámbito universitario, científico tecnológico, ejecutivos provinciales y municipales, legislativos, etc.

«Las centrales obreras manifestaron su reivindicación de la lucha de las dos Conadu y el sector universitario ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y dejó vigente la medida cautelar que ordena al Estado Nacional a cumplir de forma inmediata los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario. Del mismo modo, celebró la lucha de los trabajadores aeronáuticos ya que, tras reiteradas denuncias y acciones de visibilización, produjo como resultado que la licitación para la pretendida privatización de la empresa estatal Intercargo quedara desierta», señalaron.

Por último, las representaciones gremiales expresaron que fortalecerán la continuidad del acompañamiento a las luchas de los jubilados y las jubilados en el marco del 2° Jubilazo Federal en el que vienen participando y denunciaron el avance de la criminalización de la protesta con la que el gobierno nacional busca disciplinar a los que enfrenta sus políticas de saqueo.