El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos presentó un amparo para frenar la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, sumándose a otras acciones gremiales que cuestionan los cambios en el derecho de huelga, la negociación colectiva y las condiciones laborales en el sector marítimo y pesquero.

La resistencia judicial a la Ley de Modernización Laboral (27.802) continúa ampliándose con nuevas presentaciones sindicales que buscan frenar su aplicación. A la medida cautelar impulsada por la CGT, que logró la suspensión provisoria de 82 artículos de la norma, ahora se suman recursos de amparo promovidos por gremios del sector marítimo y pesquero, entre ellos el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

La nueva acción judicial fue presentada por el secretario general del SOMU, Raúl Durdos, quien impulsó un amparo en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector. Desde la organización sindical informaron que la causa ya se encuentra en trámite en la justicia laboral y que el objetivo es evitar la aplicación de disposiciones que, según sostienen, vulneran derechos constitucionales tanto individuales como colectivos.

El gremio cuestiona especialmente las limitaciones al derecho de huelga y las restricciones a las medidas de acción sindical, al considerar que contradicen garantías establecidas en la Constitución Nacional, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y legislación laboral vigente. En ese sentido, sostienen que algunos artículos de la reforma afectan principios básicos como la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la representación gremial.

Otro de los puntos objetados es la promoción de negociaciones laborales a nivel de empresa o incluso individuales, en temas como salarios, vacaciones o esquemas de jornada laboral. Desde el sindicato advierten que este enfoque podría debilitar el rol de los convenios colectivos y fragmentar la capacidad de representación de los trabajadores, lo que, a su entender, implicaría un retroceso en materia de derechos laborales.

El SOMU también cuestionó los cambios en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos —que garantiza la vigencia de los acuerdos hasta la firma de uno nuevo— por considerar que podría dejar a trabajadores y sindicatos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las empresas. En su presentación, además, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender los artículos que puedan afectar estos derechos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La presentación del SOMU se suma a otras acciones similares dentro del mismo sector. El Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) y el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) ya habían recurrido a la Justicia para cuestionar artículos específicos de la ley, particularmente aquellos que excluyen al personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Con estos nuevos planteos, el frente judicial contra la reforma laboral sigue creciendo y anticipa un escenario de prolongada disputa legal sobre el alcance de los cambios impulsados por el Gobierno.