Tras los reveses judiciales frente a la reforma laboral y en medio de tensiones internas, la CGT apuesta a la creación de un observatorio estadístico propio en alianza con la UBA para fortalecer su capacidad de negociación, disputar la agenda económica y recuperar protagonismo en un contexto de incertidumbre social y laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa un período de redefinición estratégica tras no haber logrado frenar en la Justicia la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En este contexto, la central sindical decidió avanzar en la creación de un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una iniciativa que apunta a generar indicadores propios sobre inflación, empleo y precios, con el objetivo de contar con herramientas técnicas para confrontar los datos oficiales y fortalecer su posicionamiento en el debate económico.
El proyecto, que será presentado en los próximos días, contempla la firma de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que aportará el respaldo metodológico y el trabajo de especialistas técnicos. De esta manera, junto con asesores sindicales, se elaborarán informes mensuales que incluirán un índice alternativo de inflación, datos sobre empleo y mediciones del costo de la canasta básica, entre otros indicadores relevantes para el análisis de la coyuntura social.
Esta iniciativa surge después de una serie de reveses judiciales para la CGT. La central obrera no logró que prosperara su impugnación a la nueva legislación laboral en el fuero Contencioso Administrativo, donde tanto el pedido de medida cautelar como su posterior apelación fueron rechazados. Sin embargo, el gremialismo mantiene su ofensiva legal con un nuevo amparo presentado por la UEJN en el fuero laboral, mediante el cual busca declarar la invalidez de 64 artículos vinculados al derecho colectivo del trabajo por considerar que afectan derechos constitucionales.
En paralelo, la conducción sindical intenta recuperar protagonismo en un escenario donde enfrenta presiones internas. Sectores más combativos, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), han ganado visibilidad en los conflictos laborales y también anunciaron sus propios sistemas de medición de variables económicas, lo que incrementa la competencia por la representación del movimiento obrero y el control de la agenda sindical.
La CGT también aspira a utilizar estos nuevos indicadores como herramienta de negociación tanto con el sector empresarial como en las próximas discusiones paritarias. Los dirigentes consideran que disponer de estadísticas propias podría fortalecer sus argumentos frente a un panorama de negociaciones salariales que se anticipa complejo, especialmente ante la intención oficial de que los acuerdos se ubiquen por debajo de los niveles de inflación y tengan una duración mayor a la trimestral.
Mientras tanto, en el sindicalismo crece la preocupación por señales de desaceleración económica, suspensiones y despidos en distintos sectores productivos. No obstante, los dirigentes observan con sorpresa que el malestar de algunos trabajadores parece dirigirse más hacia la gestión presidencial anterior que hacia la actual administración, un fenómeno que, junto al temor a perder el empleo, explicaría el bajo nivel de conflictividad sindical en comparación con la magnitud de las dificultades económicas.
A pesar de este escenario, en la CGT consideran que el deterioro del empleo podría modificar el clima social en el mediano plazo, como ocurrió durante la década de 1990 cuando el aumento del desempleo erosionó el respaldo político al gobierno de Carlos Menem. Con esa perspectiva, los líderes sindicales no sólo se preparan para resistir en el plano gremial, sino también para influir en la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque las divisiones internas continúan siendo un obstáculo para consolidar una estrategia común.
