La central del transporte CATT cuestionó la decisión de avanzar con sumarios contra la UTA y La Fraternidad por su adhesión al paro general y advirtió que se trata de un antecedente “preocupante” que atenta contra la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga. “La judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”, señalaron.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, expresó su “enérgico repudio” a la decisión del Gobierno Nacional de iniciar sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Sindicato La Fraternidad, en el marco de su participación en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde la CATT advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.

En ese marco, Juan Carlos Schmid, sostuvo que “el derecho a huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT. Pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”.

Por su parte, el Secretario Gremial de la Confederación, Juan Pablo Brey, afirmó que “el transporte argentino ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad. Pero también tiene el derecho de defender las condiciones de trabajo y las conquistas laborales. La judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”.

Finalmente, desde la CATT expresaron su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas, y denunciamos cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga, pilares fundamentales de la democracia y de la organización de los trabajadores”.