La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) solicitó ante la Justicia la suspensión y nulidad de los sumarios administrativos iniciados contra 40 trabajadores y trabajadoras del hospital. Denunciaron “violación al principio de inocencia”, “afectación del derecho de defensa”, “falta de imparcialidad” y “persecución sindical”, tras publicaciones realizadas por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la propia institución mientras el proceso se encuentra en trámite.

La presentación fue realizada en el marco del expediente “ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS DEL HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN Y OTROS c/ HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN s/ ACCION DE AMPARO” (Expte. 49419/2025), donde la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, junto a su letrada patrocinante, denunciaron hechos nuevos y solicitaron una medida cautelar urgente.

Según se informó, el 3 de febrero a las 16:15 la abogada instructora del sumario notificó formalmente a los trabajadores las imputaciones preliminares, iniciando el plazo de cinco días hábiles para ejercer el derecho de defensa. Sin embargo, a las 17:19 del mismo día, el Jefe de Gabinete publicó en su cuenta oficial de la red social X un mensaje en el que dio por acreditados los hechos y anunció públicamente pedidos de desafuero y despidos. Minutos después, el Hospital Garrahan difundió un comunicado institucional de contenido similar.

En su publicación, Adorni escribió: “El que las hace, las paga. El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin. Fin.”.

Desde la APyT señalaron que esas manifestaciones “constituyen una condena anticipada en un procedimiento que recién se inicia” y sostuvieron que se trata de información “de carácter reservado e interna del hospital”.

La secretaria general del gremio, Norma Lezana, afirmó: “Si algo faltaba para desacreditar por entero los sumarios que nos están aplicando, es la publicación de Adorni no solo festejando nuestros despidos, siendo que el proceso sumarial recién se inicia, y dejando en evidencia que conocía de antemano el contenido del informe reservado de la abogada sumariante del hospital Fernanda Marino. Así se está violentando el principio de inocencia, la imparcialidad del órgano institucional que tiene que juzgarnos y que depende del Ministerio de Salud y del Ejecutivo, es decir, vinculado a Adorni, y vulnerando por completo el derecho a nuestra defensa. ¿Qué garantías nos quedan si Adorni ya sabe el resultado del proceso para echarnos?”.

Lezana anticipó además que “estamos solicitando ante la Justicia que dicte una medida cautelar urgente y declare nulo todo lo actuado en el sumario, ya que es evidente que hay una parcialidad manifiesta contra los trabajadores. La abogada sumariante responde a la intervención del hospital que designó el Ejecutivo, y el vocero y Jefe de Gabinete de ese poder anuncia antes que los acusados el contenido de las condenas y dictamina antes de que sepamos de qué se nos acusa. Esperamos que la Justicia intervenga porque esta persecución y vulneración de derechos es gravísima y todo con el propósito de desplazarnos a quienes el año pasado defendimos el Garrahan e impedimos el vaciamiento con más de 300 renuncias provocado por la gestión del gobierno nacional. Hay un revanchismo y un ensañamiento con el hospital que nunca antes habíamos sufrido”.

En la presentación judicial se denunció que los pronunciamientos públicos “vulneran gravemente el debido proceso y el principio de inocencia al anticiparse públicamente una condena antes de la conclusión del procedimiento”, “afectan la imparcialidad del órgano disciplinario”, “configuran un supuesto de discriminación y persecución sindical” y “violan el secreto del sumario”, ya que las actuaciones “son privadas y solo deben acceder las partes”.

Asimismo, se solicitó que se ordene “la inmediata suspensión de los sumarios hasta tanto se garantice un procedimiento respetuoso de las normas constitucionales y convencionales”, que se asegure “un órgano imparcial”, que se garantice “el pleno ejercicio de la libertad sindical” y que el Gobierno nacional y el Hospital Garrahan “se abstengan de tomar medidas sancionatorias y represalias contra los actores”.

Desde la APyT indicaron que la coincidencia temporal entre la notificación de las imputaciones y las publicaciones oficiales “resulta elocuente” y que los hechos denunciados constituyen “violaciones graves y actuales a la libertad sindical, protegida por la Constitución Nacional, los convenios internacionales de la OIT y la normativa interna vigente”.

Finalmente, el gremio informó que solicitó a la Justicia que certifique las publicaciones realizadas en la red social X y en la página oficial del hospital, ante la posibilidad de que sean eliminadas.