En un movimiento estratégico orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas, el Poder Ejecutivo Nacional ha oficializado la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Desde el gremio de estatales ATE venían denunciando un vaciamiento sistemático.

La medida fue cristalizada hoy mediante el decreto respectivo y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.

La flamante OSFA operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti. Su constitución como ente autárquico le otorga personería jurídica propia para gestionar la salud del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus grupos familiares. Por su parte, la OSFFESEG quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, brindando cobertura específica a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

Un aspecto central de la normativa es el blindaje de los recursos financieros. El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones:

80% de los ingresos: Destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales.
8% (Máximo): Reservado para gastos administrativos y de funcionamiento.
12% (Excedente): Podrá derivarse a otras prestaciones sociales, siempre que las obligaciones de salud estén plenamente garantizadas.

Para evitar la repetición de los fallos sistémicos detectados en el IOSFA, el Ejecutivo ha impuesto requisitos de idoneidad técnica para los miembros de los Directorios. Los directivos deberán acreditar antecedentes probados en administración y salud, tanto en el ámbito público como privado. Además, las entidades estarán sujetas a la auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), bajo un estricto régimen de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés.

La urgencia del reordenamiento se hace palpable en puntos críticos del territorio nacional. En Punta Alta, epicentro de la actividad naval, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) ha denunciado que aproximadamente 42.000 personas —más de la mitad de la población local— dependen de esta cobertura y han enfrentado meses de interrupciones en servicios básicos.

Marcela Chávez, trabajadora de IOSFA y Secretaria de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Provincial de la ATE cordobesa, denunció que el pasado 30 de diciembre de 2025 se produjeron despidos masivos sin causa: “Despidieron compañeras y compañeros –entre ellos personas con discapacidad y madres solteras- mediante un simple GDE (Gestión Documental Electrónica) donde les informaban que no se renovaba el contrato. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con entre 10 y hasta 27 años de antigüedad. En Córdoba las bajas se dieron en los Centros Turísticos, justo en pleno inicio de la temporada”.

A esta situación se suma el deterioro permanente de las prestaciones. Cada vez hay menos cobertura, aumentan las restricciones y en algunos lugares ya se exige el pago de coseguros. Todo esto golpea de lleno a trabajadoras y trabajadores que perciben salarios promedio de 700 mil pesos, lo que vuelve imposible afrontar esos costos. Además, los hospitales militares presentan serias falencias y falta de recursos.

El proceso de transición contempla el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal desde el extinto IOSFA hacia las nuevas estructuras. Una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de las carteras de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, supervisará que la transferencia no afecte la continuidad del Programa Médico Obligatorio (PMO) ni los tratamientos en curso de los afiliados.