(Por Eduardo Porto @periferiacts) A pedido del gobierno de Javier Milei, la Dirección General de Administración (DGA) del INTA elaborará un programa «de reestructuración» con venta de tierras. Preocupación en los gremios de ATE y APINTA.
El Consejo Directivo (CD) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó la semana pasada una serie de medidas clave que forman parte del “proceso de reestructuración”, que en rigor es la venta de la mitad de sus tierras y la aplicación de un plan de retiros voluntarios.
Entre los puntos centrales se habló de definir el lanzamiento de un programa de retiros voluntarios que podría empezar a regir a partir del 1° de marzo próximo. En rigor, el Consejo Directivo instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) que elabore el plan y lo eleve al CD para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión.
Desde entidades que integran el Consejo manifestaron su preocupación por la posible pérdida de cuadros técnicos formados dentro del INTA, y por ese motivo solicitaron que el esquema de retiros se instrumente a través de un programa específico, con el objetivo de que la medida no afecte el funcionamiento ni el rol técnico del organismo.
De acuerdo con los números que maneja la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA tiene 5791 empleados: la intención del Gobierno sería recortar 1700 puestos. Entre bajas, retiros voluntarios, cesantes, renuncias y jubilaciones, suman 878 las bajas hasta la fecha desde que asumió esta nueva gestión.
Alarma entre los gremios
Julieta Boedo, delegada de ATE, señaló: “Para nosotros, el panorama del retiro voluntario es alarmante, porque una vez conocido el saldo de ese proceso, tendremos que estar alertas respecto de si se avanzará con nuevas bajas, despidos u otras medidas”.
A finales del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, junto a otros representantes de la Secretaría de Agricultura, presentó un plan de achique del ente a la Mesa de Enlace. Se trataba de una hoja de ruta organizada en siete ejes generales y con una agenda de trabajo que se extendería hasta abril de 2026. El plan incluye la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo para definir continuidades, reformulaciones o cierres y una reorganización de la estructura interna.
Ese programa oficial propone revisar los 15 centros regionales actuales y avanzar hacia su fusión en cuatro o cinco macrorregiones administrativas, además de evaluar el funcionamiento de estaciones experimentales y agencias para detectar superposiciones y trabajar la eficiencia operativa, sin definir cierres automáticos. También está la intención de dar de baja a todas las cooperadoras vinculadas al INTA, aunque sin precisiones operativas adicionales por el momento, según se conoció.
Remate de tierras
Respecto de las tierras, se identificaron siete predios que el Gobierno busca vender. Uno de ellos corresponde al AMBA y quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con destino aún no definido. Los otros seis predios deberán ser previamente evaluados por los Consejos Regionales y se ubican en las regiones de Catamarca; Chaco-Formosa; Buenos Aires Norte; Mendoza; Patagonia Norte y Santiago del Estero. En estos casos, se anticipó un mecanismo similar al del AMBA, que incluiría traslados de personal y se aclaró que varios de los terrenos son campos anexos.
Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”.
