La denuncia alcanza al diputado libertario Manuel Quintar, a su conyugue, a su prima, a dos funcionarios y un médico. Es por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública y otros delitos. Lo acusan de armar un sistema para direccionar contrataciones públicas a su favor. Era uno de quienes pujaban con quedarse con el control de la intervenida OSPRERA en un potencial recambio.
Una explosiva denuncia penal contra el Diputado Nacional, ahora libertario, Manuel Quintar, parece sacarlo de la cancha en la carrera por el control de la intervenida Obra Social de los Peones Rurales OSPRERA. Se trata de una puja por el recambio de un golpeado Marcelo Petroni, el interventor al que le vienen estallando escándalos por contrataciones con los Menem y con el laboratorio Suizo Argentino.
La presentación ante la justicia, a la que InfoGremiales tuvo acceso en exclusiva, no sólo involucra a Quintar, sino que incluye a su cónyuge Natalia Carolina Castillo, a su prima Analía Quintar, al funcionario nacional Roque Cecilio Pereyra, al médico Pablo Gustavo Perovic y el titular del PAMI de Jujuy Evaristo Bautista.
A todos se los acusa de hechos que, prima facie, configuran delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, todo ello en perjuicio de la Administración Pública Nacional, con los fondos administrados a nivel local.
El eje de la controversia es «la posible existencia de un entramado societario y funcional conformado por familiares directos y colaboradores políticos del Diputado Nacional Manuel Quintar, orientado a obtener contrataciones irregulares con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)». Algo que había trascendido en los medios y ahora llega a estrados judiciales.
La pesquisa apunta a un esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas en beneficio del grupo familiar y político de Quintar, en violación de la Ley 25.188 de Ética Pública, la normativa sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) y las disposiciones penales aplicables.
Quintar, no es un hombre ajeno al sistema de salud. De hecho hace apenas unas semanas el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros de Ingenio Ledesma (SOEAIL), Luciano Lezano, lo denunció públicamente por presuntas coimas vinculadas a contratos de prestaciones de la obra social. «Me ofreció plata si arreglaba. Dije que no, porque es un acuerdo negativo para nuestra gente. Entonces me amenazó con la intervención y después con que conocía a mis hermanos. Prácticas mafiosas…», relató el gremialista.
La situación de la obra social de los azucareros también está en la justicia penal: «Lo denuncié a Quintar y a los de la gestión anterior por malversación de fondos», explicó Lezcano. Le endilgan querer quedarse con el control de la obra social y de la clínica de la organización para tener el monopolio de la atención en la zona.
La versión que había tomado fuerza y que había relatado InfoGremiales era que Quintar buscaba el respaldo de Mario Lugones, el invisible ministro de Salud, para promover el desembarco como interventor de la Obra Social de Juan Ignacio Macedo Moresi, un funcionario que en estos momentos reporta y cobra tanto de OSPRERA como del PAMI.
La intención de Quintar, vía Macedo Moresi, era quedarse con el lugar estratégico que supo tener para la OSPRERA Sergio Aguirre, el socio de Martín Menem, en la intervención de Petroni. Es decir, gestionar los contrataciones y definir los proveedores de los principales servicios y prestaciones de la tercera Obra Social del país.
