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Esperable: el Tribunal Superior de Justicia porteño avaló el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y limitó la actualización de indemnizaciones

Por mayoría, el máximo tribunal de la Ciudad revocó un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo para avalar el artículo 55 de la reforma laboral y dispuso que los intereses por despido se calculen con la tasa pasiva del BCRA, con un piso del 67% y un techo del 100% de la fórmula del IPC más 3% anual. La decisión, votada por tres jueces a favor y dos en contra, se alinea con la Corte Suprema y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de una trabajadora del Banco Hipotecario.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) impuso límites a la actualización de intereses por despido y marcó su jurisprudencia en la materia al hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A. La decisión, adoptada por mayoría, revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y dispuso que los intereses y la actualización de la indemnización se determinen conforme al régimen del artículo 55 de la Ley 27.802, aprobada en febrero pasado, según informó La Nación. La causa es «Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido».

La polémica norma entró en vigencia el 6 de marzo, durante el trámite judicial, y establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso: el resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula. La Cámara Nacional del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación y había ordenado actualizar el crédito por IPC más un 3% anual, lo que motivó el recurso del banco ante el TSJ.

La mayoría del tribunal, integrada por Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir y que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad. Los jueces destacaron que el piso mínimo del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad de la Corte Suprema y consideraron que no es irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales.

La jueza Weinberg, en un voto propio, puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula, y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso concreto. Para la magistrada, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo. «La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria», afirmó.

En disidencia, los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron en contra y declararon inconstitucional la Ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como «sujetos de preferente tutela», porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor y por el hecho de haber ido a la Justicia. Para ilustrarlo, hicieron la cuenta del expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5.930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%. La decisión del TSJ se alinea con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre en el expediente «Cabana Opanasiuk, Leonardo», y consolida un criterio que limita la actualización de las indemnizaciones en los juicios laborales en trámite.

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