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Granja Tres Arroyos: la Justicia abrió el concurso preventivo con un pasivo de $529.149 millones y una deuda laboral de $46.000 millones

El Juzgado Comercial N°21 oficializó la apertura del concurso de la principal sociedad del grupo avícola Granja Tres Arroyos. Los acreedores tendrán hasta el 31 de mayo de 2027 para verificar sus créditos. Los sindicatos involucrados ya denunciaron más de 1.730 despidos y las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Concepción del Uruguay se encuentran paralizadas.

La Justicia comercial abrió formalmente el concurso preventivo de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., la principal sociedad del grupo avícola que en septiembre pasado acudió a los tribunales en medio de una crisis financiera devastadora. La resolución fue dictada a finales de octubre por el juez Germán Páez Castañeda, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, y se oficializó este martes mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial. La empresa declaró un pasivo de $529.149 millones al 15 de julio de 2026, mientras que los acreedores tendrán hasta el 31 de mayo de 2027 para solicitar la verificación de sus créditos.

El impacto sobre los trabajadores es uno de los aspectos más críticos del expediente. En su presentación, la empresa reconoció deudas laborales y previsionales por aproximadamente $46.000 millones, en un contexto donde los sindicatos ya denunciaron alrededor de 1.730 despidos entre Buenos Aires y Entre Ríos. La planta La China, en Concepción del Uruguay, quedó sin actividad, y la empresa comunicó a fines de agosto la paralización transitoria de los establecimientos de faena de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Miles de familias quedaron sin ingresos y sin respuestas concretas sobre su futuro laboral, mientras la firma atravesaba un proceso de deterioro financiero que se profundizó mes a mes.

El cuadro financiero que llevó al concurso es alarmante. Al presentar el pedido, la empresa reveló un pasivo de alrededor de $536.000 millones al cierre de 2025, con más de 4.800 acreedores y más de $126.000 millones en cheques rechazados. Los principales rubros de aquel balance eran los préstamos y otros pasivos financieros por unos $199.000 millones, y las deudas con proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. También figuraban cerca de $52.000 millones por impuestos diferidos y $32.000 millones en obligaciones fiscales. El estado patrimonial individual al 15 de julio de 2026 consignó $529.149 millones de pasivo y $730.240 millones de activo, con compromisos por $153.719 millones de financiamiento y $125.728 millones con empresas vinculadas.

Granja Tres Arroyos: la Justicia abrió el concurso preventivo con un pasivo de $529.149 millones y una deuda laboral de $46.000 millones

La crisis también alcanzó a las otras sociedades del grupo. La empresa había pedido que su concurso se tramitara en conjunto con los de Wade SA, Avex SA y Holding Agro Industrial SA, y Wade, que quedó al frente de los activos de la exCresta Roja, ya había acudido a la Justicia antes que Granja Tres Arroyos.

Un relevamiento periodístico identificó cinco ejecuciones contra la avícola y sociedades vinculadas por $1.657 millones y US$115.000 de capital hasta septiembre pasado, con el Banco Credicoop promoviendo cuatro de las cinco demandas. El mayor reclamo era el de Credicoop contra Granja Tres Arroyos por el saldo de un pagaré de más de $1.194 millones de capital, y también se registró una ejecución de Unicred por un cheque electrónico de $200 millones rechazado por falta de fondos.

Ahora, la sindicatura deberá presentar el informe individual sobre los créditos el 13 de julio de 2027 y el informe general el 8 de septiembre de ese año, donde se detallará la composición del activo y del pasivo y las causas del desequilibrio económico.

El juzgado fijó la audiencia informativa para el 8 de marzo de 2028 y el vencimiento del período de exclusividad para el 15 de marzo de 2028, el plazo que tiene la empresa para reunir las adhesiones necesarias a su propuesta de acuerdo. Mientras tanto, los trabajadores despedidos y las plantas paralizadas esperan que el proceso judicial permita encontrar una salida que preserve las fuentes de trabajo y garantice el pago de las acreencias laborales.

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