La situación, que ya había tomado difusión por audios virales en redes sociales, revela importantes falencias en el sistema judicial y en los organismos destinados a proteger a las víctimas de violencia familiar.

Según la abogada querellante que representa a la víctima, Paola Salguero en diálogo con Radio 2, durante todo el proceso no hubo acompañamiento adecuado por parte del Centro de Asistencia a la Víctima ni del Consejo de la Mujer, obligando a la persona afectada a buscar representación privada para poder ejercer sus derechos y garantizar medidas de protección.

La fiscalía, en la audiencia por el cese de prisión preventiva, acompañó el pedido del abogado del agresor, indicó la letrada, argumentando que la investigación estaba finalizada y que no existían riesgos procesales suficientes.

Esto ocurrió a pesar de la existencia de audios y mensajes que evidenciaban amenazas graves contra la víctima y sus hijos, e incluso el riesgo de suicidio del agresor.

La querella logró que el juez estableciera un dispositivo Dual con tobillera electrónica y extendiera las medidas de restricción hacia los hijos, aunque la abogada advirtió que estas acciones no garantizan la seguridad real frente a la amenaza constante.

El caso pone en evidencia una mala praxis institucional, según lo indicó la abogada, ya que la víctima estuvo desinformada sobre sus derechos y sobre la posibilidad de constituirse como querellante, aportar pruebas y solicitar medidas adicionales de protección. Además, los informes técnicos no fueron presentados ni explicados adecuadamente en audiencia, limitando la participación de la defensa de la víctima.

“La dejadez y falta de asistencia jurídica dejan a la víctima y a sus hijos en una situación de riesgo real, mientras el agresor queda en libertad sin supervisión efectiva”, advirtió la profesional. La abogada anunció que seguirá solicitando medidas probatorias adicionales y evaluará una acusación autónoma, ante la falta de acompañamiento de la fiscalía.

Este caso evidencia, según especialistas, una deficiencia estructural en la protección de víctimas de violencia familiar en la región, donde el sistema judicial y los organismos de asistencia no cumplen con su rol de garantizar seguridad, asesoramiento legal y prevención.

La situación alerta sobre la necesidad urgente de reforzar los protocolos de protección, asegurar la transparencia en las medidas judiciales y ofrecer acompañamiento constante a las víctimas, especialmente cuando hay menores involucrados.

Mientras tanto, la víctima y sus hijos permanecen bajo una vigilancia limitada, con medidas restrictivas parciales, enfrentando un riesgo permanente por la falta de coordinación entre fiscalía y organismos de asistencia.

El caso genera preocupación en la sociedad y exige que las autoridades locales y provinciales revisen los procedimientos y garanticen que la protección de las víctimas no dependa únicamente de su iniciativa privada para buscar asesoramiento.