El reordenamiento del mercado asegurador impulsado por el Gobierno nacional avanza con decisiones que generan creciente preocupación por el impacto en los puestos de trabajo del sector. El dirigente del gremio Jorge Sola, co secretario general de la CGT, ya había alertado sobre la situación crítica de varias aseguradoras que finalmente terminaron fuera del mercado.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) ordenó el cierre de tres compañías aseguradoras por graves irregularidades financieras, en el marco de una política de controles de la actual gestión. El organismo, conducido por Guillermo Plate, sostiene que las medidas buscan proteger a los asegurados y reducir riesgos sistémicos, pero el proceso deja en alerta a cientos de trabajadores ante la amenaza a las fuentes laborales.
Entre las firmas alcanzadas se encuentra TPC Compañía de Seguros, cuya autorización para operar fue revocada luego de que la Justicia confirmara la liquidación forzosa. La resolución oficial dispuso la designación de liquidadores e inspectores para avanzar con el cierre ordenado de la empresa, que arrastraba severos problemas financieros. El gremio del sector ya había advertido desde 2023 sobre despidos y atrasos, anticipando un escenario que hoy se traduce en incertidumbre laboral.
Otra de las compañías afectadas es Orbis Seguros, especializada en coberturas de automotores y con más de 350.000 clientes. La firma intentó una disolución voluntaria, pero la SSN objetó el procedimiento y la Cámara Nacional de Apelaciones avaló la intervención del organismo regulador. Balances observados, cheques rechazados y falta de respaldo patrimonial derivaron en una liquidación que también pone en riesgo numerosos puestos de trabajo directos e indirectos.
Estos cierres se suman a los ya registrados durante 2024 y 2025, cuando otras aseguradoras históricas como Boston Seguros, Caledonia, Escudo y La Nueva perdieron su autorización para operar. En la mayoría de los casos, las sanciones estuvieron vinculadas a déficits financieros, juicios impagos y falta de capital mínimo, pero el denominador común fue el impacto sobre el empleo, con despidos y retiros forzados que afectan a trabajadores administrativos, productores y personal técnico.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es avanzar hacia un mercado más concentrado, con menos jugadores y mayor control estatal. Sin embargo, sindicatos y trabajadores advierten que el proceso de saneamiento no puede desentenderse de la dimensión social y laboral. Mientras el sector asegurador atraviesa un cambio estructural, la principal preocupación pasa por el destino de los empleados de las compañías cerradas y por la falta de garantías de continuidad laboral en un contexto económico ya marcado por el ajuste.
