(Por Eduardo Porto @periferiacts) La iniciativa de la diputada Marcela Pagano habilita la división del organismo en ramas separadas, el desfinanciamiento estatal progresivo y fija objetivos de transferencia de tecnología hacia el sector productivo. Las ciencias sociales, afuera del proyecto.
La diputada nacional por La Libertad Avanza (Buenos Aires), Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley «de reforma integral para el CONICET» que propone atar la investigación científica a la producción y la transferencia tecnológica, priorizando la creación de empresas de base tecnológica.
El plan de reforma incluye puntos muy cuestionables como la «orientación productiva», que obliga a los investigadores a participar en procesos de vinculación con el sector privado y productivo y a dar prueba de haber conseguido objetivos asociados a la transferencia de tecnología hacia el sector productivo.
«Revisión de directores»
Además comprende la «revisión de directores» de los 330 institutos que pertenecente al CONICET que estarían obligado a firmar «contratos con metas cuantificables» y que podrían ser removidos si no cumplen los objetivos fijados.
Entre otra de las cláusulas aparece la condición de que en 5 años no se demuestra una mejora sustancial en el 60% de los indicadores propuestos, el proyecto habilita la división del organismo en dos ramas separadas (académica y productiva).
Según explicó la diputada, la propuesta se ampara en modelos de gestión de institutos de Europa e Israel.
La iniciativa introduce pisos de financiamiento fijo y otros variables asociados a la competitividad del organismo, que pueden hacer que la unidad consiga más financiamiento en virtud de los resultados que ofrezca y que pueda registrar.
Áreas estratégicas, con las ciencias sociales «out»
Entre las áreas estratégicas aparecen la minería y procesamiento de litio, la biotecnología agropecuaria, edición genética, biocontroladores y bioinsumos (nada dice de la biotecnología asociada a la salud); la tecnología nuclear (los reactores modulares pequeños, radiofármacos y teranóstica, todos proyectos desfinanciados por el gobierno nacional); los materiales avanzados, nanotecnología y manufactura aditiva; las energías renovables, hidrógeno verde, almacenamiento y eficiencia energética industrial; la tecnología satelital, sensores remotos y observación terrestre aplicada; la Inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y robótica industrial y la ingeniería de procesos químicos, catálisis y química verde.
Evaluación institucional y categorización de investigadores
El proyecto modifica el Estatuto del Investigador Científico y define la categoría del investigador, su ascenso o despido en función de criterios de producción científica original, demostración de transferencia tecnológica (patentes, contratos), impacto productivo demostrable (como la creación de empresas de base tecnológica) y formación de recursos humanos.
Por otra parte la inciativa establece un sistema de evaluación institucional quinquenal obligatorio para todos los institutos, centros y unidades ejecutoras del CONICET que clasificará en «Excelente, «Satisfactorio, «En observación, «Insuficiente», el desempeño en función de los logros en materia de transferencia tecnológica.
Retiro del estado y aumento de inversión privada
A su vez en el capítulo de financiamiento, el proyecto asegura un financiamiento estatal que es la mitad del promedio de lo que recibió en los últimos cinco años y con una proyección a ir bajándolo hasta el 30%, en cinco años (o sea un ajuste) que ni siquiera se condice con el hecho de que los fondos del CONICET corresponden en un 90% a pagar salarios y por lo que implicaría despidos masivos si la ley progresa en el Congreso.
«El financiamiento base de cada instituto del CONICET incluirá un componente variable calculado mediante la siguiente fórmula: por cada peso ($1) que un instituto genere en ingresos por contratos de transferencia tecnológica con el sector productivo, el Estado aportará cuarenta centavos ($0,40) adicionales como financiamiento base complementario», sostiene el proyecto y apunta a que el sector privado intervenga en el financiamiento.
«Se garantiza un piso mínimo de financiamiento base para todos los institutos equivalente al cincuenta por ciento (50%) del promedio histórico de los últimos cinco (5) años. Dicho piso se reducirá en un cinco por ciento (5%) anual hasta alcanzar un mínimo del treinta por ciento (30%)«, sostiene la iniciativa libertaria.
Por último crea un fondo competitivo entre institutos, incentivos fiscales para el apoyo a los institutos del CONICET desde el sector privado y cambios en la gobernanza.
