La Federación Aceitera y Desmotadora repudió el fallo que anuló las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y desplazó a sus autoridades. En un durísimo comunicado, la entidad que lidera a trabajadores de uno de los sectores más pujantes de la economía argentina denunció una «encarnizada persecución política» del gobierno y los grandes grupos empresarios, y convocó a todas las organizaciones gremiales a un plan de lucha nacional con un paro por tiempo indeterminado.

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desató una reacción en cadena en el mundo sindical. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), uno de los gremios más combativos del país, emitió un comunicado en el que calificó la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como un «nuevo ataque contra la clase trabajadora» y manifestó su «mayor solidaridad» con el secretario general de la UOM, Abel Furlán, y con toda la organización metalúrgica.

El texto de Aceiteros denunció que el fallo, firmado por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, pretende «desconocer la voluntad de las y los afiliados metalúrgicos», que en las urnas reeligieron a Furlán con el 85% de los votos en la seccional Zárate-Campana y con el 80% en el Congreso Nacional del 18 de marzo. «Es un ataque directo contra la democracia sindical y contra las organizaciones gremiales que luchan junto con sus trabajadores», enfatizó el comunicado.

La federación aceitera vinculó explícitamente la medida judicial con una «encarnizada persecución política que el gobierno y el principal grupo empresario del sector desataron contra la conducción de la UOM, poniendo en riesgo el futuro de las y los trabajadores metalúrgicos que votando eligieron luchar por sus derechos y por su salario». Además, recordó que los mismos jueces Pesino y González «reestablecieron la vigencia de la regresiva reforma laboral» el 23 de abril, y que el gobierno de Javier Milei «recompensó» al juez Pesino en menos de 24 horas con una extensión de 5 años en su cargo a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años.

Pero el comunicado no se limitó al caso de la UOM. La Federación Aceitera trazó un cuadro de «catástrofe» social y laboral que incluye los 300.000 trabajadores registrados despedidos durante los últimos dos años, el cierre de más de 25.000 pymes, el hundimiento de los salarios, el desmantelamiento de áreas críticas como Vialidad, INTI, INTA y CONICET, y la persecución judicial a gremios como Subte, ATE y La Fraternidad. También mencionó asaltos directos a sedes sindicales, como el sufrido por Dragado y Balizamiento de Rosario, el SEIVARA y la propia sede de Aceiteros en octubre de 2025. «La lista es larga y sigue», advirtió el texto.

Ante ese panorama, la Federación Aceitera lanzó una convocatoria sin precedentes: «Llamamos a todas las organizaciones sindicales de nuestro país para que nos comprometamos y unamos detrás de un mismo objetivo, reivindicar a la clase trabajadora y defender los derechos de las y los trabajadores de nuestro país con un paro por tiempo indeterminado». La pregunta retórica que plantea el comunicado es contundente: «Si todo esto no es un motivo para ir a un plan de lucha con paro por tiempo indeterminado, ¿cuáles serían los motivos?».

El llamado de Aceiteros a un paro nacional por tiempo indeterminado eleva la temperatura del conflicto sindical a niveles críticos. La intervención de la UOM ya había generado el rechazo del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y del propio gremio metalúrgico, pero con la incorporación de una federación de la potencia de Aceiteros –clave en la cadena agroexportadora y en la generación de divisas– el escenario gremial podría derivar en una escalada de medidas de fuerza de magnitud impredecible. La Comisión Directiva de la FTCIODyARA cerró su comunicado reafirmando «la más profunda solidaridad con Abel Furlán y las y los compañeros metalúrgicos» y advirtió que la embestida contra la UOM «es parte también del ataque general contra la clase trabajadora argentina». El gobierno, los jueces y los empresarios quedaron notificados: el sindicalismo combativo se prepara para una batalla mayor.