El Gobierno prohibió desde este jueves el acceso de toda la prensa acreditada al edificio del Poder Ejecutivo, bajo la excusa de una investigación por «espionaje ilegal». La CGT repudió la medida y señaló que ni siquiera durante la última dictadura militar ocurrió un hecho de censura semejante. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el Presidente. Hoy Milei se reúne con el magnate Peter Thiel, fundador de Palantir y defensor de la idea de que “la libertad y la democracia no son compatibles”.

Una fuerte polémica estalló este jueves luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera prohibir el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada y cerrar la sala de prensa, una medida que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) calificaron como un «ataque directo a la libertad de expresión» y un retroceso «ni siquiera visto en los años más oscuros de la dictadura militar».

La decisión oficial se fundamenta en una investigación por un supuesto «espionaje ilegal» vinculado a la difusión de videos grabados dentro del propio edificio gubernamental. Según las mismas fuentes, «se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva» y «hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa».

En un comunicado de contundente tono, la CGT expresó su «más enérgico repudio» a la medida y advirtió sobre su «extrema gravedad institucional». «Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante», señaló la central obrera, que también expresó su solidaridad con los trabajadores de prensa.

Horas más tarde, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la sede del Poder Ejecutivo. En su presentación, la legisladora sostuvo que la Casa Rosada «no es propiedad privada» y que la restricción al ejercicio de la libertad de expresión es «el primer paso para silenciar cualquier voz disidente».

La decisión del Gobierno se da dos semanas después de que ya se hubiera inhabilitado el ingreso de distintos medios, en lo que muchos interpretan como una escalada en el conflicto entre el oficialismo y la prensa. Desde el Ejecutivo argumentaron que la suspensión de acreditaciones obedece a «la investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna» (TN), junto a Ignacio «Nacho» Salerno, donde filmaron los pasillos de Casa Rosada en el marco de contar la interna libertaria. Insólitamente, Casa Militar presentó una denuncia penal contra los periodistas que realizaron las filmaciones, que recayó en el Juzgado a cargo de Ariel Lijo. Buscan vincularlos con una acusación anterior de «espionaje ilegal».

“Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, posteó el jefe de Estado.

Fuentes oficiales también aclararon que las acreditaciones tenían como fecha límite el último día de marzo y que el proceso de reempadronamiento anual se encuentra en marcha. Sin embargo, la decisión de impedir el ingreso de toda la prensa hasta nuevo aviso generó un rechazo transversal que ya comenzó a traducirse en acciones judiciales y en un creciente malestar entre organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos.