Con el respaldo de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y decenas de organizaciones gremiales y sociales, el secretario general adjunto de ATE Bariloche, Luis Urra, presentó ayer un amparo sindical ante la Cámara Segunda de Trabajo. Denuncia una violación al artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, luego de que Urra fuera desafectado de sus funciones en la empresa que lo empleaba como trabajador tercerizado dentro del Centro Atómico Bariloche, pese a contar con fuero sindical.

«Lo dijeron verbalmente: me dejan afuera por ser dirigente sindical», afirmó Urra en conferencia de prensa, donde detalló que mientras todos sus compañeros ya fueron contratados por la nueva empresa que ingresó al predio, él fue el único excluido.

Urra trabajó durante casi 16 años de manera ininterrumpida en las instalaciones del Centro Atómico Bariloche, siempre bajo las órdenes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aunque formalmente encuadrado en distintas empresas tercerizadas que se sucedieron a lo largo del tiempo.

El dirigente sostiene que este esquema de contratación es «un artilugio que data de la época del menemismo», mediante el cual la CNEA evita hacerse responsable directamente de los empleados que trabajan en su estructura. «Una empresa sale, otra entra, pero los trabajadores seguimos cumpliendo las mismas tareas con las mismas herramientas en el mismo lugar», explicó.

El amparo presentado ante la Justicia laboral solicita la reincorporación inmediata de Urra y el respeto de los fueros sindicales. La CNEA ya fue notificada digitalmente, pero la situación procesal tiene una complicación adicional: las empresas tercerizadas no tienen domicilio legal en Bariloche, lo que dificulta su notificación formal.

Según Urra, la Justicia se dirige al Centro Atómico, pero las firmas responden que no funcionan allí, a pesar de que sus trabajadores cumplen tareas precisamente en ese lugar. Esta maniobra, denuncia, genera una suerte de «impunidad corporativa» que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema.

La denuncia también incluye una presunta defraudación al Estado. Urra detalló que el presupuesto destinado a las empresas tercerizadas que operan en el Centro Atómico se triplicó en los últimos dos años: pasó de 200 millones de pesos en 2024 a cerca de 700 millones a inicios de 2026. Sin embargo, la cantidad de trabajadores y el nivel del servicio se mantuvieron exactamente iguales, mientras que los salarios no acompañaron ese incremento presupuestario.

El secretario adjunto destacó el apoyo recibido de la UNTER Central, las seccionales barilochenses, el SITRAJUR, el SOYEM, y la estructura nacional y provincial de ATE. La masividad de la solidaridad fue interpretada por las centrales convocantes como un reflejo del alcance de la medida.

«No es un ataque a mi persona es un ataque directo a todos los sindicatos, a todas las centrales y a todos los trabajadores», subrayó Urra. Para las organizaciones gremiales, la maniobra no es solo un conflicto individual sino un mensaje de amedrentamiento hacia el conjunto del movimiento sindical y hacia quienes se atreven a enfrentar las políticas del gobierno nacional.

El caso quedó en manos de la Cámara Segunda de Trabajo de Bariloche, que deberá resolver si ordena la reincorporación inmediata del dirigente. Más allá del resultado judicial, el conflicto expone las contradicciones del modelo de tercerización laboral en organismos del Estado nacional: trabajadores que cumplen tareas permanentes durante años bajo la órbita de la CNEA, pero cuya estabilidad laboral y derechos sindicales quedan a merced de contratos privados que se renuevan o cancelan según conveniencia.