Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) alerta que la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundizó la concentración económica, desplomó los ingresos de los productores y disparó la migración laboral desde Misiones hacia Brasil. Mientras el consumo interno crece, los tareferos cobran menos de la mitad del salario fijado por ley: “El tarefero es el termómetro de la desigualdad: cuando cae el precio al productor, el ajuste impacta de inmediato sobre su salario”

La Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) presentó el informe “Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional”, un duro diagnóstico sobre las consecuencias de las reformas impulsadas por el gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El trabajo, elaborado por el equipo Rural y el capítulo provincial Misiones de la fundación, advierte que la política de desregulación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, vació al organismo de sus herramientas esenciales: ya no puede fijar precios de referencia ni regular stocks.

“El 90% de los hogares argentinos consumen yerba mate, las ventas suben y los trabajadores no llegan ni a cubrir los costos de producción. Evidentemente la desregulación no generó más competencia ni mejores condiciones para producir. En un mercado altamente concentrado, significó trasladar ingresos desde los pequeños productores hacia los actores con mayor poder económico”, señaló José Luis Fuentes, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI, abogado, docente de la UNAM y autor del informe.

El estudio sostiene que la actual crisis no es un desajuste coyuntural, sino la reedición del ciclo liberal de los años noventa, que ya había derivado en la caída de precios y el empobrecimiento de los pequeños productores hasta la creación del INYM en 2002, tras el histórico “tractorazo”. Ahora, con el organismo desmantelado, el mercado opera en su lógica más desigual: un oligopsonio donde pocos compradores imponen condiciones.

Según el informe, el precio de la hoja verde pasó de valores cercanos a $350–$400 por kilo (con reclamos de hasta $500 a fines de 2023) a apenas $80–$90 para productores no integrados a cooperativas. Se estima que durante el primer año de desregulación dejaron de ingresar unos $200.000 millones al sector productivo.

Esta caída no es casual. El documento detalla que la cadena yerbatera es estructuralmente imperfecta: existen alrededor de 12.500 productores primarios (en su mayoría colonos con parcelas de 5 a 8 hectáreas), mientras que diez empresas concentran el 76,8% del mercado industrial. Dentro de ese grupo, tres firmas –Liebig, Las Marías y La Cachuera– explican por sí solas el 49,5% del volumen industrial. En la comercialización final, el 80% de la yerba molida que se consume en Argentina está en manos de diez marcas, y los supermercados (Carrefour, CENCOSUD, Changomás, Coto, La Anónima) dominan la llegada a los hogares.

Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de los tareferos, los trabajadores que cosechan la hoja verde. La investigación estima que existen alrededor de 13.000 trabajadores y trabajadoras de la tarefa, en su mayoría con inserción informal o subregistrada.

A pesar de que la Resolución 276/2025 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fijó un valor cercano a los $77-$78 por kilo de hoja verde, los relevamientos territoriales muestran pagos efectivos de apenas $40 por kilo, con altos niveles de precariedad, incumplimiento de pisos salariales y mecanismos informales de descuento que erosionan aún más el ingreso.

“El tarefero es el termómetro de la desigualdad: cuando cae el precio al productor, el ajuste impacta de inmediato sobre su salario”, señala el informe.

Otro fenómeno alarmante es la migración laboral desde Misiones hacia Brasil. Localidades como Comandante Andresito comienzan a vaciarse de jóvenes y trabajadores rurales. Según datos de la Receita Federal de Brasil citados en el informe, la cantidad de argentinos que tramitaron el CPF (equivalente al CUIL) pasó de un promedio de 8.000 anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025.

“Esto es el ADN de La Libertad Avanza”, sintetizó el periodista Gastón Rodríguez en un artículo referenciado por el informe, al describir cómo la desregulación expulsa mano de obra hacia el país vecino, donde muchos trabajadores encuentran empleo en cosechas frutícolas o en la construcción.

Frente a este panorama, la Fundación DHI plantea una hoja de ruta integral que incluye:

• Restituir la facultad del INYM para fijar precios y regular stocks.
• Establecer un precio mínimo por tonelada cosechada con impacto directo en el salario tarefero.
• Incorporar representantes del sector tarefero en el Directorio del INYM.
• Avanzar en un mercado consignatario con stock regulador, donde el Estado pueda comprar y almacenar para sostener un precio base.
• Fortalecer las cooperativas y los procesos asociativos, como la experiencia “Sabores de mi Tierra” del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Misiones.

Veronica Bernava, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI, bióloga y coautora del informe, concluyó: “Lo que está en discusión no es solamente una economía regional. También está en juego una forma de organización social, productiva y comunitaria profundamente arraigada en nuestro país. Por eso planteamos una salida alternativa, con propuestas concretas priorizando tanto a los productores y tareferos como también el desarrollo regional”.

El informe completo está disponible en el sitio web de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.