La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero, denuncia que el salario mínimo docente se mantiene por debajo de la línea de pobreza. El Gobierno convocó a una reunión del Consejo Federal de Educación sin incluir el tema salarial en el temario.

Mientras la cúpula de la CGT se encuentra en Ginebra denunciando al gobierno de Javier Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Buenos Aires otros líderes sindicales ya diagraman un nuevo frente de conflicto: un paro docente nacional que comenzaría después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio.

Así lo confirmaron fuentes de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA). El malestar crece porque el salario mínimo del sector se mantiene en $500.000 desde hace un año y el Gobierno no mejora su oferta de aumento.

«Ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza», advirtieron desde UDA y otros gremios educativos de la CGT a Infobae. Este año se realizaron seis encuentros convocados por el Gobierno en el marco de la Paritaria Nacional Docente. El último fue hace dos meses, cuando los funcionarios ofrecieron llevar el salario a $650.000 en marzo y a $700.000 en abril. La propuesta fue rechazada por insuficiente y, desde entonces, el Ejecutivo no mejoró la oferta.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, que reúne al titular de la cartera educativa nacional y a los ministros de las 24 jurisdicciones del país. Sin embargo, los sindicatos advirtieron que en los ocho puntos del temario no figura el tema salarial.

Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha que incluirá también los reclamos de las universidades.

«La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa», dijo Romero a Infobae.

El líder de UDA fue contundente al describir la situación límite que atraviesan muchos docentes: «Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones». Y precisó que, si bien algunos gobernadores otorgaron aumentos en sus provincias, a nivel general «los salarios siguen siendo de miseria».

Para organizar el paro nacional docente, Romero sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector, como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que integra la CTA de los Trabajadores, así como a distintos gremios universitarios. El objetivo es concretar una protesta contundente en todo el país.

Romero espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. «Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha», consideró.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral, vigente tras los últimos fallos judiciales, establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de los servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie un fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo que declara a la educación como servicio esencial.

Ese planteo judicial contra el artículo 101 de la ley fue impulsado por UDA y derivó en una sentencia favorable dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet. En ese momento, Romero afirmó: «La Justicia nos dio la razón y nos garantiza los derechos históricos». Y agregó: «Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones».

Por eso, los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para realizar el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que establece la Ley 27.802.

Con el salario mínimo docente congelado hace un año, una convocatoria oficial que excluye el tema salarial y la amenaza latente de un paro nacional después del Mundial, el conflicto educativo se suma a la creciente lista de tensiones sociales que enfrenta el gobierno libertario en la recta final del primer semestre.