La cautelar, otorgada por el juez laboral Raúl Ojeda, suspendía disposiciones clave como la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, las modificaciones al derecho de huelga y los cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos. No obstante, una resolución posterior dejó sin efecto esa protección, por lo que actualmente los artículos cuestionados vuelven a encontrarse plenamente vigentes mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo del asunto.

Frente a ese escenario, el Sindicato Marítimo de Pescadores encabezado por Pablo Trueba, presentó un recurso de apelación en el que cuestiona los fundamentos utilizados para dejar sin efecto la medida. El escrito fue elaborado por el apoderado legal del sindicato, Martín Yocca, quien sostiene que el planteo impulsado por el gremio marítimo fue analizado como si se tratara de una derivación de la causa promovida por la CGT, cuando en realidad posee características propias y diferenciadas.

Uno de los ejes centrales de la apelación apunta a que la acción iniciada por el SIMAPE no persigue una impugnación general de la reforma, sino que se concentra en tres aspectos específicos que afectan directamente al colectivo. Mientras la CGT cuestiona una amplia cantidad de artículos, el SIMAPE sostiene que en el caso de los trabajadores embarcados existe una situación particular: la reforma directamente los excluye del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo.

El avance de esa interpretación abre una consecuencia concreta sobre la liquidación salarial del personal embarcado. La discusión comenzó a proyectarse sobre conceptos sensibles como el Sueldo Anual Complementario, ya que en el sector empresario una de las lecturas que empieza a circular es que el aguinaldo podría liquidarse bajo el régimen especial previsto en la Ley de Navegación, y no bajo la aplicación plena de la LCT.

La apelación remarca que no se trata de una modificación interna del régimen laboral, sino de la salida de un colectivo específico del principal sistema de protección laboral del país. Bajo esa interpretación, el sindicato entiende que la controversia requiere un análisis autónomo, y advierte sobre las consecuencias que podría generar la aplicación plena de la reforma, como la pérdida de herramientas de protección vinculadas a enfermedades, licencias o el salario mínimo vital.

Por el momento, la cautelar favorable permanece sin efecto, pero la concesión del recurso garantiza que la discusión continuará en la instancia superior. De no prosperar la presentación, el sindicato definirá el próximo escenario operativo, en un contexto donde algunas empresas ya evalúan trasladar el nuevo criterio de liquidación a la flota, lo que podría generar un escenario de inestabilidad laboral con impacto directo sobre los tripulantes.